La vivienda vertical se ha presentado como la gran solución a los problemas de expansión desordenada del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Desde 2010, y con incentivos fiscales desde 2019, se alentó la construcción de torres en zonas urbanizadas bajo la promesa de detener la dispersión territorial. No obstante, el resultado ha sido la consolidación de un mercado donde el precio por metro cuadrado creció 21.4% entre 2019 y 2024, mientras el tamaño promedio de las unidades disminuyó 31%. Más caro, más pequeño, y muchas veces vacío.
El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (Potmet) de 2024 restringió la construcción en más de 20 mil hectáreas de periferia, pero no consiguió la redensificación esperada. ZonaDocs documenta que en 26 áreas geoestadísticas básicas con nuevos edificios, la población apenas creció o disminuyó, a pesar de que el parque habitacional aumentó 12.9%. Una de cada cinco viviendas permanece deshabitada. La explicación no está en la falta de demanda de vivienda, sino en que se construyen departamentos como instrumentos de inversión y reserva de valor, no como hogares.
Esta tendencia genera una ciudad para el capital, y no para sus habitantes. Departamentos vacíos actúan como activos de inversión, mientras familias de ingresos medios y bajos son desplazadas hacia periferias dependientes del automóvil. Este fenómeno reproduce un patrón global donde el suelo urbano y la vivienda se convierten en productos financieros. Las consecuencias son claras: aumento de precios, menor acceso a vivienda digna y pérdida de tejido social en zonas históricas.
El caso del Parque San Rafael ejemplifica este problema. El proyecto “Gran San Rafael” de Grupo San Carlos, autorizado pese a impactos ambientales y sociales, generó hundimientos, desabasto de agua y la tala de más de 300 árboles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó violaciones a derechos humanos por parte del SIAPA y el Ayuntamiento de Guadalajara, pero la obra continuó amparada por vacíos legales y resoluciones contradictorias. Aún con sólo siete departamentos habitados en 2021, el consumo promedio alcanzaba los 24 mil litros de agua diarios. Así, torres vacías con consumo desproporcionado, en una ciudad con estrés hídrico.
A este escenario se suman conflictos de interés dentro del SIAPA, organismo clave en la autorización de factibilidad hidráulica. Dos altos funcionarios tienen vínculos con empresas inmobiliarias beneficiadas por contratos y proyectos. Paradójicamente, mientras se raciona el agua en colonias tradicionales, se garantiza el suministro para desarrollos de lujo, incluso sin contar con permisos completos, como ocurrió en Huentitán.
El crecimiento acelerado de la vivienda vertical ha generado un consumo de agua que supera con creces la capacidad de la infraestructura existente. Mientras se construyen torres de gran altura con albercas, sótanos impermeabilizados y sistemas de climatización intensivos en el uso de agua, la inversión pública en redes de distribución, almacenamiento y tratamiento hídrico se mantiene estancada o es nula. Esta brecha provoca que el abastecimiento dependa de obras emergentes y costosas, trasladando la presión sobre acuíferos ya sobreexplotados y sistemas urbanos diseñados para una densidad menor. El resultado es una contradicción estructural: ciudades que se densifican sin fortalecer la base técnica que permite garantizar el derecho humano al agua.
La verticalización en Guadalajara no ha resuelto el crecimiento disperso ni la crisis hídrica; en cambio, ha profundizado la desigualdad socioespacial y transformado la vivienda en un activo de inversión especulativa. Las políticas públicas parecen orientadas a facilitar negocios inmobiliarios más que a garantizar el derecho a la ciudad.
Es urgente recuperar la vivienda como un bien social, además de financiero. Sin acceso efectivo a vivienda asequible y servicios básicos como el agua, y el transporte público, la ciudad corre el riesgo de consolidarse como un escenario de lujo vacío, con habitantes desplazados a las periferias y espacios centrales convertidos en vitrinas de inversión. La pregunta persiste y se vuelve más apremiante, ¿para quién se construye la ciudad?
