Se encontraron, en más de un sentido, el presidente Enrique Peña Nieto y Raúl González Pérez, encargado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. González Pérez rindió informe de las actividades de su singular comisión.
El Presidente de México se manifestó fuertemente en pos de una Ley de Seguridad Interior. Entiende que “es un tema relevante porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando el orden legal y protección a los derechos humanos”. También cree que “la mejor manera de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley y que para que esto suceda se requiere de instituciones fuertes”.
También aludió a la plaga, también nacional, de la impunidad. Su afán fue para sobresaltar la legalidad y la institucionalidad. De manera que su postura fue legalista y ajena centralmente a lo que ocurre; González Pérez no convino en mucho con las pretensiones presidenciales. Fuerte fue el desacuerdo en torno a la trascendencia de la legalidad. Y así dijo bien que no serán las leyes las que encaren bien y por lo menos atenúen la creciente delincuencia en más de un área de la vida social.
Es de admitirse que, en efecto, la precisión jurídica no acarrea soluciones y así en cuanto hace al Ejército un marco jurídico: “No implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que el país ya enfrenta”. Y ciertamente debiera ser obvio que el asunto reclama una discusión, plural e informada, donde se aborde integralmente la situación que enfrenta México.
El año pasado se emitieron 72 recomendaciones a 55 autoridades, un aumento de 20 por ciento frente a lo que se supo en 2015. Se refirió la lista de los agraviadores, organizaciones públicas importantes. Quién lo diría, la lista la encabeza el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 15 recomendaciones; la Secretaría de Marina, con siete; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, con seis casos. La controvertida acción de la Secretaría de la Defensa Nacional fue señalada con cinco recomendaciones.
Es igual ambición noble, que fantasía común, suponer que la legalidad acarrea necesariamente cambios macizos. Las denuncias a la comisión de maldades de las encargadas de orden y represiones es odioso asunto no solo verosímil, sino verídico. Como las violencias y los crímenes acrecen, es de pensarse que la legalidad no basta ni con mucho, así sea imprescindible.
