Cuando en marzo de 2009 en San Francisco California, Travis Kalanick y Garrett Camp, lanzaron al mercado su Software de aplicación móvil que permite conectar a pasajeros con conductores, lo que hoy conocemos como transporte Uber, jamás imaginaron el éxito que hoy tienen.
Este sistema de geolocalización, que permite conectar al chofer quien acude con su vehículo al lugar de ubicación de su cliente, está resultando desde hace años todo un éxito en más 88 ciudades en todo el mundo.
Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, en la mayoría de las ciudades en donde se han expandido, los gremios de taxistas y grupos diversos se oponen a su funcionamiento, incluso las protestas y marchas y por desgracia agresiones y amenazas, acompañan las inconformidades.
El servicio en términos generales es de mayor calidad, operadores educados y limpios, que también los hay en el sistema tradicional, pero que son los pocos, mejores unidades de transporte y fundamentalmente el precio que es inferior sustancialmente.
Estos ingredientes desde luego que permiten tener una mayor aceptación del usuario de transporte, quien sin chistar prefiere este servicio conocido como UBER; probablemente en países como el nuestro, el único inconveniente sea el pago, pues sólo se recibe con tarjeta de crédito.
El usuario debe descargar el software en su teléfono móvil (con ciertas características) y registrarse con su tarjeta de crédito, a fin de que una vez que tenga la instalación y datos de su tarjeta, pueda hacer uso del servicio que reiteramos, se hace vía GPS.
Y ¿por qué las inconformidades de los sindicatos y gremios de taxistas?, la respuesta es lógica, ante un servicio con las características ya descritas, la preferencia de los usuarios o clientes de este servicio se inclinará por UBER, aunque reza un refrán popular, de que para todos hay, lo cierto es que la competencia que ahora existe puede disminuir en perjuicio del servicio tradicional.
Finalmente es el cliente o destinatario del servicio el que debe elegir y no el gobierno por conducto de sus respectivas direcciones o secretarías, el problema, es que el servicio público de transporte de taxis en el estado se encuentra politizado desde hace muchos años.
Viejos y "nuevos" líderes de taxistas, lo único que han hecho es enriquecerse de forma descomunal con la complacencia de las autoridades y en perjuicio no sólo de los usuarios, sino de sus propios choferes u operadores de taxis, a quienes cobran liquidaciones altas (pago por turno o día).
Vehículos en malas condiciones, no solo de imagen sino también mecánicas, viejos, ruidosos, son características en general del servicio de taxis y si le sumamos las tarifas altas, desde luego que los dueños de los taxis están preocupados.
Los argumentos jurídicos que se viertan en un sentido y en otro son respetuosos, sin embargo, no se puede olvidar la importancia que la Constitución de este País y los Tratados Internacionales, le asignan al Derecho al trabajo.
Lo anterior, sin perjuicio de los Derechos Humanos, plasmados igualmente en una jerarquía normativa suprema a cualquier otra ley o reglamento estatal o local que se interponga con criterios diversos.
Cierto es que se tiene que cumplir con determinadas reglas, adelante, pero de eso, a que se impida ejercer un trabajo honesto, en donde los particulares sin necesitar a la autoridad convienen un servicio, nadie lo puede evitar.
El beneficio Pro Persona y el control difuso de la Constitución obliga a cualquier autoridad a respetar los derechos humanos aplicando la interpretación que más le favorezca de forma oficiosa, no hacerlo, o poner cuatros para detener vehículos del servicio UBER, atenta contra los Derechos Humanos plasmados en la Constitución Federal y Tratados Internacionales.
Sabemos que el titular originario del servicio de transporte público es el Estado (no en el caso de UBER), y que por medio de "concesiones" a particulares ha permitido que estos lo presten, sin embargo, dichos permisos reiteramos se encuentran en poder de unos cuantos.
El esquema diseñado por estado está superado y es anacrónico, sólo permite tener cotos de poder y los permisos o "concesiones, se rentan, venden, y se transmiten por cualquier medio aparentemente legal.
Al igual que en otras partes del mundo, y a pesar de las reticencias iniciales, el servicio UBER, se está consolidando y han sido en muchos casos las autoridades quienes han mediado e incluso regulado estos temas, pero necesariamente deben dejar atrás viejas prácticas de corrupción que solo benefician a unos pocos.
Finalmente es el ciudadano, el cliente o usuario, quien debe elegir el servicio y desde luego que optará por el de mejor calidad y precio, difícil para quienes están el esquema de siempre, tendrán que ponerse las pilas y las autoridades deberán empezar a limpiar las dependencias involucradas que benefician a "lideres" y políticos.
Nadie contrata un servicio malo, a menos que sea el único que existe, por fortuna tenemos los usuarios otra opción.
Como cliente, bienvenido UBER.
