Una Constitución, conforme a Fernando de Lasalle, es la expresión de los factores reales y efectivos de poder; de manera que la de 1917, expresó los intereses de los trabajadores, campesinos, clases populares y demás sectores mayoritarios de la Revolución de 1910, que fueron los factores ganadores de esa segunda transformación del país.
Pero los grandes potentados fueron imponiéndose sobre los sectores que habían ganado la Revolución, sobre todo a partir de 1982 en que el grupo neoliberal tomó el poder del Estado Mexicano, reformando la Constitución para garantizar en ella los intereses económicos de unos cuantos; sobre todo en actividades productivas y comerciales tan importantes como la electricidad.
La electricidad no es un recurso natural como sí lo es el petróleo, sino que tiene que producirse con plantas generadoras de electricidad, que requieren de instalación, redes de transmisión y de distribución, muy costosas en su mantenimiento y en su operación, que necesita de mucho personal técnico y de ingeniería capaz y preparado.
Los anteriores gobiernos federales dejaron de darle el debido mantenimiento a la Comisión Federal de Electricidad CFE, la empresa estatal, para que siguiera siendo 100% productiva, como lo fue desde 1960 en que se creó por el gobierno de Adolfo López Mateos; y tuvieron que celebrar contratos con empresas privadas productoras de electricidad, principalmente extranjeras.
La diferencia entre la CFE y las empresas privadas, es que la primera busca ante todo el servicio social y público, y las últimas tienen preponderantemente fines de lucro.
Gracias a la CFE, todo el país quedó electrificado; pues aun y operando con pérdidas llevó electricidad hasta los lugares más recónditos del país, poblados en su mayoría por personas de nulos o escasos recursos económicos; que hizo posible el desarrollo y el progreso de México.
Este martes santo 12 y miércoles santo 13 de abril, se discutirá en la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica en la Constitución propuesta por el actual gobierno que busca rescatar el control del estado a través de la CFE, de la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en un 54%, dejándole a la iniciativa privada el restante 46%, además de otras innovaciones.
Para esta reforma constitucional se requiere primeramente el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, luego las dos terceras partes de los senadores presentes y al último, que sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
Aquí vamos a saber quiénes de los legisladores representan los intereses de las grandes mayorías de México.
