Es difícil saber lo que quiso decir la secretaria de Gobernación la semana pasada, cuando dijo que la violencia contra candidatos “no tiene motivaciones electorales”. Desde luego, podría ser que a alguno lo hayan asesinado por celos o por error, pero no es razonable pensar que eso sucediera en más de treinta ocasiones. Lo que es directamente absurdo es que haya dicho que “los casos en que se podría afectar una elección municipal son contados, se podrían contar con los dedos de una mano”; tratemos de razonar: el solo hecho de que se asesine a uno de los candidatos afecta a la elección; de hecho, sería difícil imaginar algo que la afectase de modo más grave.
Para explicar se refirió a los “factores” de la violencia. En primer lugar mencionó “conflictos territoriales y viejas demandas sociales”. Traduciendo de buena fe la frase, entiendo que se refería a algo como los pleitos de tierras. Y sin duda podría ser que detrás de los asesinatos hubiera a veces algo así. Pero también en esos casos, si el pleito era de semejante tamaño, hay que pensar que el hecho de que la víctima fuese candidato también tendría que ver con ese pleito de tierras. O sea, que sí se trataba de la elección.
En su lista, el segundo factor de la violencia son las organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, que “utilizan la coyuntura electoral para presionar”. El plural obliga a pensar que hay varios, al menos dos sindicatos, dos organizaciones estudiantiles, que practican la violencia, y que han llegado a asesinar candidatos o atentar contra ellos para llamar la atención. Otra vez: la elección sería entonces el motivo.
La acusación dio lugar al gesto más indigno de la comparecencia: dijo la secretaria que no mencionaba los nombres “para no herir susceptibilidades”, pero “ustedes saben a quién me refiero”. A decir verdad, yo no sé a quiénes se refiere, y es grave. Ese silencio declaradamente hipócrita es para cuidar la susceptibilidad de los asesinos, y a cambio arroja una sombra de duda sobre todas las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles. La canallada está en el “ustedes saben”, con el que se envía un mensaje, se acusa sin acusar, es decir, que se usa la conferencia de prensa para presionar: en español se llama a extorsión.
Finalmente, dijo que hay “acciones criminales que afectan al ámbito municipal”, pero que son “hechos focalizados”. Abundó: “Por eso he dicho que el eslabón débil en la cadena de la gobernabilidad está en algunos municipios”. Es, de todo a todo, la vergonzosa mirada centralista de los últimos veinte años. Para empezar, si algo se atribuye al municipio, significa que queda lejos, es irrelevante, no afecta “al país”.
Pero sobre todo está en la idea de que sea el eslabón débil: no lo es. Si hay “gobernabilidad”, donde la hay, se debe a los municipios; hace tres sexenios se decidió anularlos, desautorizar a sus policías, reemplazarlos por el eslabón fuerte, fortísimo, del centro, el ejército: el resultado está a la vista.
Nuestro problema básico es ése: el régimen territorial. Y en esa clave hay que leer la violencia, para empezar. La elección no cambia nada.
Fernando Escalante Gonzalbo
