Parece normal, pero no. El Estado de México lleva 14 días sin definir el destino de sus recursos porque los legisladores mexiquenses simplemente no se ponen de acuerdo para votar el paquete fiscal 2022; sucedió lo mismo el año anterior.
Si bien el debate en la aprobación de endeudamiento por 9 mil 500 millones de pesos solicitado por el gobierno mexiquense es un tema que deberá tratarse a profundidad al interior de esta Legislatura, es cierto también que politizar se les da muy bien a todos los grupos parlamentarios.
El cambio del mapa político en el territorio estatal, tras los comicios del año pasado, inevitablemente recrudeció el ambiente en el Congreso mexiquense, a diferencia de lo sucedido en la anterior Legislatura cuando la mayoría absoluta de Morena y sus aliados tenían en sus manos la oportunidad de realizar cambios profundos a la visión legislativa estatal sumisa a grupos de poder, sin embargo, los muchachos del Presidente decidieron no hacer los cambios sustantivos y necesarios y continuar con la vieja táctica de negociación.
Hoy es diferente, los de Morena tienen dos vías, aceptar que es necesario inyectar recursos al estado con mayor índice de población del país y en medio de la incertidumbre por la cuarta ola de la pandemia, resulta toral que la entidad tenga certeza financiera; por otro lado, también existe la incertidumbre de pasar a la historia por aprobar todas las solicitudes de endeudamiento al Legislativo.
Sorpresivamente, los partidos que menos representación tienen en el Congreso local, son ahora el fiel de la balanza. Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, quienes por su escasa preferencial electoral cuentan con bancadas de dos diputados cada uno, tienen el poder de definir, es decir, los últimos hoy son los primeros. Irónico, pero así es la democracia.
Todo parece indicar que será hasta el último día de este mes cuando los legisladores decidan qué hacer, mientras tanto, la correlación de fuerzas se asienta al interior de la Junta de Coordinación Política. Esa rara alianza entre PRI-PAN y PRD augura la estrategia a seguir para los comicios de 2023 pero hoy el campo de guerra se sitúa al interior de la Junta de Coordinación Política, donde la participación del coordinador panista, Enrique Vargas del Villar, rebasa la operatividad política de sus aliados en la defensa del presupuesto y endeudamiento. Veremos.
¿A clases básicas de abogacía?
La sentencia emitida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayan, para negarle al gobierno del Estado de México la apelación por las cifras del Inegi en torno al número poblacional estatal porque la queja no se ingresó en tiempo y forma, simplemente cae en lo absurdo para los encargados gubernamentales de dar seguimiento jurídico. Error que hoy cuesta cerca de 4 mil millones de pesos perdidos, por lo menos.
Fabián Rodríguez
