La migración se ha politizado
antes de haberse analizado.
Paul Collier
El 12 de agosto de 2019, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una disposición de Inadmisibilidad por Carga Pública que entrará en vigor el 15 de octubre de este año. Esta regulación busca frenar que los migrantes sean una carga fiscal para el gobierno estadunidense y que los beneficios públicos no sean un incentivo para la inmigración. Con todo, esta disposición excluye a algunos grupos de migrantes y su instrumentación solo se aplicará a algunos programas y servicios públicos.
La disposición define “carga pública” a una persona que recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses, dentro de cualquier periodo de 36 meses (con esta definición, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses). Esta definición de carga pública es muy limitada y de corto plazo, pues no incluye muchos aspectos relevantes para realmente determinar si un migrante representa una carga pública.
La regla también define el término “beneficio público” como cualquier beneficio en efectivo para el mantenimiento de ingresos, como aquellos de los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), la mayoría de los tipos de Medicaid (seguro de salud para personas de bajos ingresos) y algunos programas de vivienda. Igualmente, este concepto se limita a beneficios que los migrantes reciben y no toma en cuenta las distintas formas en que estos hacen aportaciones a sus comunidades y al erario.
Con mejores definiciones se demostraría que, más que una “carga pública” para el gobierno de EU, la comunidad migrante en general y mexicana en particular hacen aportaciones sustantivas a esta economía y que éstas serán mayores en el futuro.
De hecho, el balance entre los servicios públicos que utilizan los migrantes y lo que pagan en impuestos es positivo para el gobierno estadunidense. El Sistema de Administración de Seguridad Nacional registra que los migrantes ganan unos 240 mil millones al año y pagan 90 mil millones en impuestos, si bien solamente utilizan 5 mil millones en servicios públicos. Adicionalmente, desde 2000, se han recaudado 90 mil millones de dólares al año por descuentos a salarios de trabajadores migrantes que emplean números de seguro social que no coinciden con los registros oficiales; en tanto el programa federal de seguro médico Medicare ha recibido 21 mil millones de dólares anuales.
Otras fuentes como el Council of the Americas señala que el conjunto de migrantes pagan aproximadamente mil 800 dólares más en impuestos al año de lo que reciben en beneficios de programas y servicios públicos. Por su parte, el Institute of Taxation and Economic Policy registra que, en 2016, las familias encabezadas por indocumentados pagaron 11.64 mil millones de dólares en impuestos a gobiernos estatales y locales –8% de sus ingresos totales–, de los cuales 1.2 mil millones de dólares fueron impuestos sobre la renta; 1.6 mil millones fueron impuestos sobre la propiedad y 8.4 mil millones fueron impuestos al consumo.
Por lo que se refiere a la inversión de recursos y servicios sociales del gobierno de Estados Unidos en el conjunto de migrantes, datos del National Migration Forum de 2018 revelan que 70% de los migrantes en general llegan a ese país en plena edad laboral. Esto significa que el gobierno estadunidense no invierte recursos en su educación. Por ello, los migrantes se integran a la fuerza laboral y, en las siguientes dos décadas, se estima que contribuirán con más de 500 mil millones de dólares al sistema de seguridad social. Asimismo, tomando en consideración el promedio del pago de impuestos y de seguridad social, los migrantes contribuyen más a los gobiernos estatales de lo que se benefician de sus programas y servicios públicos.
En síntesis, la disposición de USCIS tiene conceptualizaciones erróneas para realmente valorar si los migrantes son un gasto o una ganancia para el erario público. Más que una carga fiscal, los migrantes representan beneficios para la economía de EU, por sus múltiples aportaciones en el presente y en el futuro. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, para nuestros gobiernos resulta pertinente reconsiderar cuáles son los verdaderos costos y contribuciones que hacen los migrantes en la economía del vecino del norte, así como qué implicaciones tienen estos para la relación bilateral.
* Jefe de la Oficina del canciller
