En 1973, la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el caso Roe vs. Wade otorgó a las mujeres de aquel país el derecho absoluto a la interrupción del embarazo en los primeros tres meses de gestación. El fallo se dio por la demanda de una mujer texana bajo el seudónimo de “Jane Roe”, quien apeló las leyes de su estado que le impedían abortar. Los argumentos principales del equipo promovente fueron que el marco legal texano infringía los derechos constitucionales de las mujeres. Si bien desde entonces el aborto es legal en todo el territorio, el acceso al mismo se ha erosionado a lo largo de los años con la intervención de gobiernos republicanos en más de una docena de estados.
Sin embargo, la reciente filtración de un borrador de dictamen mayoritario, redactado por el juez Samuel Alito, indica que existe un proyecto para echar atrás la garantía que durante medio siglo ha dado protección constitucional federal al derecho de las mujeres al aborto. El documento, etiquetado como la “Opinión de la Corte”, sugiere que al menos cinco jueces apoyan la impugnación del histórico fallo de 1973. Tras su publicación, no está claro si el borrador ha sufrido modificaciones, pero el hecho sienta un precedente, pues ningún proyecto se había divulgado mientras su resolución estaba pendiente, al menos no en la historia reciente de la Corte.
De pasar tal como está, la decisión de la Corte Suprema provocará que el aborto deje de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Aun cuando esto no quiere decir que caiga una prohibición tajante al aborto en todo el país, sí tendrá un gran impacto en al menos 26 estados que ya han señalado su intención de restringir o ilegalizar el aborto casi de manera inmediata. El retroceso en este derecho afecta de modo particular a las mujeres negras y latinas, quienes suelen recurrir con mayor frecuencia a la interrupción del embarazo. Además, perjudica el acceso a otros derechos reproductivos como los anticonceptivos, la atención prenatal e, incluso, podría poner en riesgo el cumplimiento de una amplia gama de otros derechos civiles.
De igual forma, puede haber incidencia en el aumento de la afluencia de pacientes en los estados que mantengan el derecho a este procedimiento, como ha pasado en los últimos meses después de que Texas cerrara las clínicas de atención reproductiva. Muestra de ello es el alza de 800% en pacientes de aborto provenientes de Texas, en los estados colindantes. Por su parte, las administraciones democratas han firmado leyes que protegen los derechos reproductivos y han tomado medidas para consagrar el derecho al aborto en leyes estatales, al tiempo que consolidan herramientas para poder brindar servicios a las personas que viven en lugares con restricciones.
El proyecto del juez Samuel Alito es consecuencia del histórico cabildeo de grupos pro-vida para revertir los avances en derechos reproductivos, y difiere de las conquistas logradas en otras naciones. En los últimos años, y a pesar del auge de movimientos de ultra derecha en América Latina, los grupos activistas por el derecho al aborto han logrado presionar por leyes menos restrictivas como parte de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. Colombia, Argentina y México despenalizaron el aborto luego de oleadas de protestas de la marea verde. Especialmente en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto.
Por ahora, el panorama social y político estadounidense ha entrado en tensión, a causa de las multitudinarias manifestaciones de mujeres frente a la Corte Suprema para expresar su indignación. La decisión final podría llegar hacia finales de junio o principios de julio, y es posible que los votos de los jueces cambien y el dictamen mayoritario tome un rumbo más digno.
Estefanía Veloz
