En la historia reciente de México, se han desarrollado varios y diversos procesos políticos para hacer de la esfera pública un entorno seguro para las mujeres que aspiran a incidir en la toma de decisiones. Sin embargo, la llamada integración de las mujeres en la política ha sido, en los hechos, una incursión superficial dentro de una actividad aún dominada por los hombres. Por un lado, gracias a distintos mecanismos institucionales, las elecciones de junio pasado tuvieron la mayor paridad de la historia de nuestro país. Por otra parte, quedó marcado el brutal recordatorio de lo mucho que nos falta para tener una democracia digna, pues, durante este proceso electoral, 21 candidatas fueron asesinadas.
Sí, mucho ha cambiado, y sí, bastante más ha resultado del camino labrado por muchas mujeres que, a sólo 40 años de conquistar el derecho al sufragio, lograron establecer que la violencia es un tema de interés público y que existe una categoría específica, constante y estructural, que nos afecta a las mujeres de manera desproporcionada: la violencia política de género, la cual es igualmente ejercida por las instituciones, los partidos y los medios de comunicación hacia quienes deciden ejercer sus derechos políticos. A pesar de las conquistas en los diseños institucionales, son las prácticas informales las que evidencian que la vida pública no es todavía un entorno favorable para las mujeres.
Como suele ocurrir casi siempre con la incidencia del movimiento feminista, se aprovecha el arraigo de términos en el léxico político cotidiano -pacto patriarcal, legislatura de la paridad y violencia política de género son algunos de los más comunes- para que los partidos y sus dirigentes llenen sus discursos de buenas intenciones y firmen un sinfín de compromisos, pero sin el propósito de cumplirlos. Es quizá esto lo más siniestro de todo: el nulo convencimiento de hacer efectivos los acuerdos. En nada afectan las manifestaciones explícitas de los conservadores que se oponen a la participación de las mujeres. Debería ser una obligación que hagan públicas sus opiniones reales, porque lo que de verdad daña es la palabra de quienes se disfrazan de “aliades” por la equidad de género. Perjudican más aquellos que visten su conservadurismo con pancartas, tuits y discursos escritos por encargo para lucirse indignados por la violencia que sufren las mujeres.
Un ejemplo claro de la simulación son los recientes nombramientos de coordinadores legislativos en la Cámara de Diputados. La flamante legislatura que tanto se ostentó como la de la paridad, ya se estancó en lo mismo de siempre, hombres a la cabeza de todas las coordinaciones. Nada cambia, sólo se vuelve más complicado para los partidos justificar sus penosas decisiones. Durante mucho tiempo se excusaron con el pretexto de que no había mujeres que quisieran participar, pero hoy, con la mitad de los escaños ocupado por mujeres, ¿cuál es la coartada? Ni siquiera les sirve el famoso dicho de: “Quien no habla, Dios no le escucha”, porque si la propuesta de reforma a la Ley Orgánica para garantizar la paridad en las vicecoordinaciones de la Junta de Coordinación Política no es una moción explícita de las mujeres para dirigir, entonces no sé qué pueda serlo.
El problema es que cuando de mujeres y política se trata, nunca hay cumplimiento irrestricto de la ley, todo depende del ánimo que tengan los partidos en acatarla y de las instituciones en efectuarla. Tan es así que ni por asomo es requisito no ser un abusador, violentador o deudor para ser candidato. Y, entre el discurso buena onda y los manejos discrecionales, la paridad efectiva se diluyó una vez más en el desuso de las pocas herramientas que existen para garantizar el equilibro que conlleva la paridad constitucional.
El valor político del feminismo y sus luchas debe estar en la mesa de toma decisiones no para discutir sobre la violencia política en los términos que fijen los hombres y que ubican siempre a las mujeres en una posición pasiva, bajo el resguardo del Estado y el castigo al agresor, sino para construir una visión transversal del Estado mismo. No toda la violencia política tiene un componente de género, por tanto, la construcción de un régimen electoral que vele por la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres conlleva la responsabilidad de señalar cuando sí sucede. La invisibilización de los partidos políticos a los liderazgos fuertes de mujeres es violencia y machismo. Para que las mujeres puedan hacer política de verdad, primero se tiene que señalar todo aquello que impide el ejercicio pleno de los derechos políticos, que limita el desenvolvimiento en la vida pública. Y eso, a su vez, implica desnudar a los “aliades” que sólo simulan. Mientras no se logre en los hechos, continuaremos muy lejos de vivir una democracia real.
Estefanía Veloz
