Toda actividad extractiva de recursos no renovables, como minerales o hidrocarburos, significa, por definición, una merma al patrimonio natural propiedad originaria de la Nación: es una resta.
Para efectos de la contabilidad económica nacional, las actividades extractivas son producción: sumable al Producto Interno Bruto. Por su característica de productos naturales requerirán transformación industrial, lo que añadirá valor económico a lo extraído.
Si los hidrocarburos o minerales extraídos simplemente se exportan, ese valor añadido corresponde a la economía del país importador; no del nuestro.
De ahí la importancia económica y por ende: política, e incluso estratégica, de que los elementos naturales del subsuelo nacional sean procesados precisamente por la industria nacional.
Este empeño de transformación industrial de los recursos propios se ha dado de manera paralela prácticamente en todos los países de América Latina. Algunos casos como el de Bolivia, Argentina, Ecuador, Cuba o Chile, han resultado definitorios en su devenir.
La historia de Bolivia, por ejemplo, ha estado marcada una y otra vez por los avatares de la extracción y despojo del guano y el salitre en el siglo XIX (que significó, incluso, la pérdida de su salida al mar), el estaño en el siglo XX y ahora los hidrocarburos y el litio.
Cada golpe de estado tiene en la base: el despojo de los recursos naturales hacia otras economías. El imperialismo no es sólo un dicho beligerante de izquierdistas trasnochados. El imperialismo ha sido, y sigue siendo, un fenómeno histórico real y abominable.
Además, en casi todos los casos deja tras de sí una estela de desolación, envenenamiento y contaminación de la Madre Tierra tardíamente recuperable, si acaso.
Estas reflexiones crudas y realistas, y su propia experiencia, llevaron al presidente Lázaro Cárdenas a la decisión de raíz de que los hidrocarburos extraídos en el subsuelo nacional debían ser destinados exclusivamente a la transformación nacional y como palanca para promover el desarrollo nacional.
Varios gobiernos estatales de la Federación mexicana están ahora planteándose la recomposición del pacto fiscal firmado hace más de 40 años por todos ellos con el Gobierno Federal; y para ello proponen una consulta a sus respectivas ciudadanías.
Nada más apropiado. La razón es contundente: el pacto fiscal vigente fue firmado en una coyuntura irrepetible y que ya definitivamente se acabó.
Cuando íbamos a administrar la abundancia exportando crudo de propiedad federal sin ningún procesamiento nacional.
Los derechos petroleros por extracción del crudo llegaron a representar entonces hasta el 40 por ciento de los ingresos presupuestales. Hoy difícilmente completan el 6 por ciento del presupuesto federal.
En el proceso lento y accidentado de recuperación de la economía global respecto de la pandemia, las economías más fuertes del planeta se están planteando precisamente el cobro de impuestos fuertes a las propiedades personales y los grandes corporativos, muchos de los cuales han visto acrecentados sus montos mientras las cuentas públicas han quedado severamente diezmadas por la pandemia.
