En la sesión extraordinaria de ayer, la mayoría en el Congreso aprobó la reforma electoral impulsada por el gobernador y avalada por las legisladoras y legisladores de MC, PRI, PAN y PVEM. Bastó una semana para que, luego de una pobre discusión, y casi inexistente, pasáramos de una cuestionable foto a un procedimiento legislativo apresurado, con la voluntad política de aprobar, lo antes posible, la manera en que los partidos políticos habremos de seleccionar y ordenar las candidaturas que contenderán el siguiente año, aparentemente con reglas que anteponen la paridad como eje de una reforma que se ha evidenciado como regresiva.
Recordemos que esta fue una enmendadura de un lamentable intento por mantener las reglas y bloques de paridad que en 2021 propiciaron el escenario político actual: una ciudad gobernada en su mayoría por varones. En mayo, esa misma mayoría que ayer se impuso buscó, igual de apresurado y sin debate, que las reglas de ese entonces se plasmaran en el texto de la ley para garantizar que, en la práctica, las candidaturas más competitivas en los municipios más destacados fueran encabezadas por varones. Partidos de oposición levantamos la voz: una reforma que se disfraza como de vanguardia que consolida los puntos negativos de sus efectos no puede caber en una democracia. La iniciativa fue retirada y semanas después, apostando a la desmemoria y la mayoría, el propio gobernador, en lo que pareciera una iniciativa sin consultar a sus propias legisladoras, presentó un nuevo proyecto “único en América latina” y que establece, nuevamente, márgenes muy delgados para que los partidos mayoritarios garanticen a sus actores políticos varones las mejores candidaturas en el AMG y posiciones en la lista de plurinominales. Todo aderezado con un discurso de equidad, de progresividad, que fue exitosamente replicado por quienes finalmente votaron a favor.
Las implicaciones son claras, al tener dos criterios para los bloques de paridad, uno que se basa en los municipios más poblados y otro en las propias condiciones de competitividad electoral de cada uno de los partidos sesga la participación de las mujeres en cerca de 95 municipios donde el acceso de las mujeres a cargos de elección popular sigue siendo complicado: pocos votos y pocas candidatas no es una buena combinación para hablar de paridad. Pero en el primer bloque las cosas parecen ser peor, se elegirán los veinte municipios más poblados del estado y a su vez se dividirán en dos sub bloques, en los primeros cinco municipios de cada sub bloque cada partido podrá designar hasta dos candidaturas del mismo género, sin que se especifique los mecanismos que justamente garanticen que sean mujeres quienes encabecen dichas candidaturas. Es una cláusula que deja carta abierta a los partidos, ahora plasmada en la ley.
Evidentemente recae en los partidos la obligación de garantizar mecanismos de paridad en sus procesos internos, pero lo grave es que la reforma formaliza un criterio que en su origen es excluyente y que repercutirá de manera negativa en algunas situaciones, con proceso inequitativos, con sesgos que cierran oportunidades en vez de abrirlas cada vez más.
El procedimiento legislativo pasó, ahora iniciará una batalla jurídica en los tribunales para evitar que esta iniciativa se concrete en el próximo proceso electoral, que ya comienza a carecer de condiciones equitativas para la contienda.
