Jalisco es el epicentro de la crisis de desaparecidos que azota a nuestro país. Se estima que cerca de quince mil personas (con cierta sospecha de subregistro) siguen ausentes en sus hogares y cada día las cosas parecen agravarse. Por otro lado, fosas son descubiertas en diversos lugares del estado y los restos se suman a los miles de que esperan ser reconocidos, una burocracia lenta e indolente, reflejo de la excesiva carga de trabajo entorpece la situación y la agudiza.
Estamos frente a una verdadera crisis humanitaria que arrebata lo más valioso para uno de nosotros, nuestros seres queridos y la tranquilidad de vivir en una ciudad que consume a sus habitantes. Necesitamos aceptar que estamos en un problema y que puede ser el más significativo de lo que va del siglo, cuyas consecuencias comienzan a verse. Urge un marco jurídico robusto y armonizado, instituciones fuertes, especializadas y eficaces y una sociedad que reclame justicia y que sea escuchada y considerada.
La búsqueda de los ausentes debe ser un asunto ajeno a cualquier tinte político y convertirse en una prioridad de este gobierno y de cualquiera que llegue, debe tratarse como un asunto de estado. La legislación federal contempla, desde hace años, que cada entidad federativa debe contar con una fiscalía que sea autónoma de las fiscalías generales, dotándola de capacidad para pedir y ejercer su propio presupuesto, diseñar y aplicar sus propias estrategias, definir su equipamiento y personal y sobre todo, alejarse de las inercias de los gobiernos estatales para realizar sus labores. La propia ley señala este cambio con un tecnicismo: actualmente la fiscalía en Jalisco tiene carácter de especial y depende del fiscal general, es necesario desligarse y transformarla en una institución especializada. Esta nueva condición la mantienen las fiscalías en combate a la corrupción y la electoral, con la misma esencia: que sus labores sean imparciales y no dependan o sean influenciadas por el gobernante en turno.
Jalisco no ha hecho estas adecuaciones a pesar del llamado de especialistas y colectivos que han señalado esta omisión como una grieta en los esfuerzos que se puedan llevar a cabo para atender el problema, no se trata de un simple cambio de nombre, aunque la técnica legislativa dice que con el simple hecho de hacerlo se presentan muchas ventajas, se trata de alinear las leyes, fortalecer las instituciones y brindarles la libertad de acción que una situación como la que atravesamos reclama.
La participación de la sociedad es fundamental en esto, por eso se debe incluir a los familiares de las víctimas en el proceso y garantizar una designación vigilada, transparente, en que la mayoría participe y valide un cargo tan importante.
Recientemente presentamos una iniciativa que cubra todos esos puntos, es un llamado urgente a las fuerzas políticas a tomar cartas en el asunto, a cumplir lo que las leyes nos mandatan y más, abrir una posibilidad que ayude a mejorar las lamentables condiciones en que nos encontramos. La estrategia de seguridad, hemos remarcado y lo hacemos de nuevo, que apuesta por ser reactiva y vertical ha mostrado graves deficiencias y deja en claro que las capacidades del estado se encuentran rebasadas por una realidad que sigue negándose y se manifiesta dolorosamente todos los días marcando y rompiendo a familias enteras. Leyes justas e instituciones eficientes y humanas pueden ser la solución contra la brutalidad y la deshumanización, contra la barbarie que nos deja estupefactos e impotentes ante la horrorosa muestra de alcance de quienes azotan a la sociedad jalisciense.
