A finales de agosto el gobierno del estado anunció que, para cumplir con la Ley de Personas Desaparecidas, inauguraría instalaciones y completaría el Registro Estatal de Personas Desaparecidas que estaría lista antes de finalizar 2023. La ley, publicada en marzo de 2021 señala en su transitorio décimo quinto que “Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el inicio de operaciones del Registro Estatal.” Inició 2024 y no se cuenta con dicho instrumento.
Durante el anuncio resaltó el tono triunfalista y carente de humildad de este gobierno, en el comunicado se puede leer “La importancia de esta nueva herramienta es poder insistir con la Comisión Nacional de Búsqueda que sean homologados los datos de búsqueda y localización con los que cuenta Jalisco, ya que son precisos, transparentes y contrastados”. Pero esta nueva herramienta no solo no está lista, sumándose a una serie de omisiones y errores que entorpecen la búsqueda de personas y traban la exigencia de verdad y justicia por parte de familiares y colectivos de búsqueda, sino que mantiene una tendencia que parece ocultar las cifras, minimizando el problema, ignorando una crisis que abierta y contundentemente negaron que exista.
De acuerdo a datos del investigador Jorge Ramírez Plascencia, el propio gobierno del estado dejó de alimentar la base de datos nacional, centro de polémica en días pasados, desde marzo de 2022, llegando a omitir 2,986 personas durante 2023, la cifra contrasta con los datos que ha contabilizado este investigador, junto con otros académicos de la UdeG que han señalado que la cifra de personas desaparecidas ya ha rebasado las quince mil personas y denunciado, repetidamente, omisiones, mal manejo de cédulas y revictimización.
No solo se trata de contar mal de manera deliberada, sino de negar la realidad con la que debe lidiar el gobierno. Reportar menos personas desaparecidas tiene severas implicaciones que se hacen notar en la intensidad de la búsqueda y el tratamiento del problema, en el trato presupuestal y cómo se usan recursos humanos, materiales y de logística para tal efecto. Los datos no solo sirven para evaluar constantemente la función del gobierno y como escrutinio público, sino que son tal vez el principal recurso para una toma de decisiones adecuada, acorde a lo que la realidad nos arroja, sirve para que el gobierno, campante en su autosatisfacción se dé cuenta que las cosas son más graves de lo que quieren negar.
Negar la crisis de personas desaparecidas es negar la existencia de una de las condiciones más lamentables, acaso de la historia de Jalisco. Es negar la oportunidad para cientos de familiares que todos los días buscan y que siguen siendo heridas por el rechazo a su dolor, es negar el acceso a la justicia, a la verdad. Ponderar una estadística militante en lugar de mostrar claramente lo que sucede no ayuda a nadie, ni siquiera a quienes deliberadamente tratan de mostrarnos una realidad aparte y todavía nos invitan a confiar otro periodo de gobierno que apuesta al espejismo y al escapismo, a la frivolidad y la alegría que ofende y se queda corta ante la rabia y la impotencia de autoridades que, tardan en actuar y al hacerlo lo hacen ajenas a las y los que les rodea.
