Muchas veces se compara un proceso electoral con la guerra. Es común ver en libros, o incluso programas, en que hacen referencias o se usan palabras propias de un conflicto armado. Debemos aceptarlo, una campaña electoral reposa en vencer al contrincante y obtener el mayor número de votos provenientes del electorado, y estos votos se obtienen mediante de una serie de estrategias encaminadas a captar la atención y la preferencia de aquellos que tienen en su poder la decisión.
Pero existe otra parte en los procesos electorales que, como en la guerra, mantienen un orden y requieren reglas bajo las cuales se debe de desenvolver todo proceso. Algunos autores hablan de las “reglas del juego” en que, con la base de la ley, los partidos, candidatas y candidatos, medios, y el electorado, jugamos un papel claramente definido y actuamos en consecuencia de lo que este marco jurídico nos señala. Todos aceptamos estas reglas y jugamos en torno a ellas, y con eso propiciamos que se desarrollen procesos electorales adecuados para renovar los cargos de elección popular con los mínimos esperados, periodicidad, imparcialidad, igualdad de condiciones en la contienda y entre las personas que buscan la preferencia de las y los electores.
Es una parte sustancial de la democracia, entendida como una serie de procesos de selección de aquellos que toman decisiones. Tanto el Estado, como entidad pública, debe garantizar una serie de medidas para propiciar procesos electorales, como la ciudadanía, que ejercer una serie de derechos para poder hacer posible los procesos electorales. Todo en el marco de la ley, que establece claramente qué pueden o no, hacer cada uno de estos actores.
Diversos autores señalan la importancia de este acuerdo, de la capacidad de las sociedades de organizar sus procesos de selección y sobre todo, de la importancia de todas y todos los actores involucrados en sujetarse a las reglas por las que habrán de contender, y especialmente de los mecanismos para que, derivado de los procesos, se puedan convertir los resultados, (aceptados, sancionados y con la posibilidad de tener juzgados independientes en caso de un conflicto), en gobiernos y mayorías. De tal manera que tenemos por un lado un asunto que nos atiende, el conflicto propiamente electoral, basado en una lucha por las preferencias electorales, y por otro lado, una serie de instituciones, mecanismos, vigilantes y dispositivos que garanticen que esta pugna se lleve a cabo en la mejor de las condiciones. Que el acto de la política que, por definición reclama su papel en lo público tenga precisamente la mayor publicidad en sus procesos y las implicaciones que conllevan.
Y es que en una democracia deben prevalecer principios para que la contienda pueda desarrollarse, las llamadas reglas del juego, como la democracia y toda actividad humana, siguen siendo un asunto inacabado, porque son asuntos perfectibles y que requieren a su vez de sus propios conflictos y de sus propios consensos.
