Casi al principio de la pandemia, específicamente el 20 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos emitió un protocolo de acción para evitar la propagación del virus. En dicho protocolo se establecía una medida, polémica desde un inicio, que permitía a las autoridades de ese país realizar deportaciones sin considerar los derechos a asilo o dar audiencia a un juicio que permita el ingreso y permanencia de personas migrantes a dicho país. La medida, conocida como “Título 42” fue debatida y la propia autoridad en materia de salud (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC en inglés) inició en abril del año pasado acciones para desactivar el Título 42, medida que fue llevada a tribunales y finalmente, en noviembre de 2022, un juez ordenó que fuera rescindida debido, entre otras cosas, a que consideró que nunca se trató de una cuestión de salud pública sino de migración y que atentaba contra los derechos de las personas migrantes y las leyes norteamericanas.
Hasta esa fecha se estimaba que los Estados Unidos habían deportado a un millón de personas, muchas de las cuales fueron repatriadas a México. El Título 42 dejará de aplicarse en unos días, el 11 de mayo próximo.
El reto al que se enfrentarán las autoridades de ambos países es muy grande debido a la gran cantidad de afluencia de migrantes que han esperado por mucho tiempo en la frontera norte o que incluso han sido entregadas a las autoridades mexicanas que parecen estar rebasadas.
El incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez y la posterior vinculación a proceso del todavía director del Instituto Nacional de Migración nos habla de un problema que puede escalar aún más. De acuerdo a un reportaje del periodista Jorge Chaparro y con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, entre febrero y marzo de este año las detenciones de personas que buscaron cruzar la frontera pasaron de 156,138 personas a 191,899, lo que representa un aumento de 22.9%, de acuerdo al mismo reportaje, el alcalde de El Paso en el estado de Texas declaró en estado de emergencia su ciudad, donde cada día diez vuelos salen de su aeropuerto para devolver a México a unas 150 personas por embarque, el estado de emergencia responde ante lo que se prevé una oleada de personas migrantes que busquen pasar al otro lado de la frontera.
Durante la redacción de este espacio el gobierno de Estados Unidos anunció que enviarán 1,500 soldados para reforzar la frontera en actividades administrativas y con esto reducir la carga de trabajo de las autoridades civiles que están en campo; también se tenía preparada una reunión entre Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad nacional de Estados Unidos y el presidente López Obrador para abordar de manera efectiva este problema que, a todas luces, reclama la colaboración y coordinación de ambos países.
En este punto, México debe estar preparado para afrontar el problema poniendo especial énfasis en el cómo. Tan solo de enero a abril de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 48,970 solicitudes de personas que buscan refugio en nuestro país, mientras que en 2022 la cifra total fue de 118,719, entonces, ¿qué hacer con todos ellos?
Las denuncias de malos tratos en ambos lados de la frontera y los reclamos de organizaciones de defensa de migrantes apuntan a un seguimiento a estas personas orientado a la protección de sus derechos humanos, miles de ellos son víctimas o son están en alto riesgo de sufrir por tráfico de personas, trata, enfermedades, separación de familias y otras vejaciones que atentan contra la dignidad de personas que, como todos en este mundo, queremos una oportunidad para vivir mejor, que mantienen la esperanza en que esa idealización es también un derecho que todos tenemos y que nadie merecer ser criminalizado por intentarlo.
