Desde hace meses las y los vecinos de las inmediaciones del parque San Rafael se encuentran en defensa del espacio público que durante décadas les ha dado identidad. La ciudad es algo más que el conjunto de viviendas, de servicios, de cuadras y códigos postales. La ciudad es el espacio que construimos para ejercer el anhelo de vivir en comunidad, de echar raíces, de decidir qué es lo que debemos hacer para siempre cuidar de nosotros y vivir en paz. Si se hace contemplando a la propia comunidad y se le enrola en la toma de decisiones, se habla de una práctica democrática, de un mecanismo en que se busca el mayor de los provechos, en que se debe minimizar el daño, en que el costo que se asuma sea el de menor impacto para los más vulnerables.
No se trata solo de un parque, el gobierno estatal, a través del Siapa, busca construir un colector pluvial que ayude a mitigar las inundaciones, otro de los grandes problemas de las y los tapatíos. Pero como dije este conector tiene graves afectaciones al parque, entre las que se cuentan el daño al arbolado y a las especies que ahí habitan. La obra ha sido duramente criticada, no solo por lo anterior, sino porque la Procuraduría de Desarrollo Urbano señaló que estaba fuera de la legalidad e incluso las y los habitantes de la zona acudieron a la Cedhj y consiguieron que esta instancia emitiera una recomendación. La obra también ha sido duramente criticada porque curiosamente, en los alrededores del parque se están construyendo complejos inmobiliarios de aproximadamente trece torres, que aumentarán la demanda de servicios básicos y que cambiarán para siempre el entorno de las y los vecinos.
La defensa de este entorno ha sido impecable y un ejemplo de una colectividad organizada cuyas demandas se basan en el derecho a defender el espacio que han elegido como su hogar. Acciones legales, acercamientos con autoridades y apoyo de diversas fuerzas políticas. Apenas la semana pasada el Congreso aprobó un exhorto al gobierno del estado para que detenga las obras y se evite lo que ya se califica como un ecocidio. Nada de eso parece importar, el lunes, en un hecho inédito, personal de diversas corporaciones policiacas se apostaron en la calle Mariano Azuela y sin dar una sola explicación, instalaron vallas y mallas ciclónicas encapsulando a los vecinos, restringiendo su movilidad y el derecho al libre tránsito. Las imágenes hablan por si mismas, los vecinos del parque San Rafael quedaron aprisionados en sus propias casas, aislados y cercados por la decisión de continuar con la obra. Las reacciones fueron inmediatas y medios de comunicación, vecinos y actores políticos cuestionamos el exceso de la medida que fue “justificada” como de seguridad para los propios vecinos.
La obra para terminar el colector pluvial se estima que durarán no más de seis semanas y todo parece que las vallas se mantendrán durante ese periodo, para cuidar a la obra de la ciudadanía, no para garantizar la seguridad de las personas.
Actos como esos son completamente reprobables, la imposición de las obras en el nombre del progreso siguen siendo comunes en gobiernos de corte autoritario. El progreso conducido por una sola visión es más bien una muestra de poder, un rechazo a la opinión y postura de quienes padecen los problemas y que no quieren otra cosa que solucionarlos.
Recientemente también, el Congreso del estado aprobó una reforma constitucional para integrar el derecho de la ciudad a su texto, el hecho resulta curioso ante las acciones del gobierno estatal, la reforma es clara sobre cómo debemos entender ese anhelo de vivir en comunidad “el uso y goce pleno y equitativo de los espacios, bienes y recursos públicos, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a naturaleza y al medio ambiente”.
Ojalá así sea.
