Si algo identifica históricamente a los regímenes totalitarios lo es sin duda su intolerancia ante la crítica, ante el periodismo independiente y sus atentados directos o velados contra las libertades civiles y las garantías individuales de sus gobernados.
Lo anterior quedó manifiesto en cuanto el Congreso del Estado de Tabasco se dio a aprobar la denominada “Ley garrote”; misma que los legisladores locales, como buenos gobiernistas e integrantes de MORENA, elaboraron como iniciativa para reprimir las protestas ciudadanas y los plantones públicos en contra de las autoridades.
Curiosamente, no deja de llamar la atención que esta iniciativa tan desafortunada fuera propuesta desde el terruño del actual presidente y tan solo a una semana de que se estableciera un plantón en protesta contra el titular de Ejecutivo federal, por sus desatinadas políticas públicas, justamente a las afueras de Palacio Nacional, que es donde reside desde hace un mes.
Lo gracioso en este caso es que lo que los aduladores del macuspano pretenden criminalizar (hoy que son autoridad) es justo lo mismo que hacían ellos y su líder sempiterno, ahora presidente, durante los últimos 18 años de su vida:
ya protestando por fraudes inexistentes cuando los comicios no le fueron favorables, ya atentando contra paraestatales como PEMEX, bloqueando accesos o quemando pozos petroleros, o contra el libre tránsito y el derecho al trabajo cuando su célebre plantón en el Paseo de la Reforma dejó sin sustento a empresarios y trabajadores justo hace dos sexenios.
A esto ha llegado la libertad de expresión a la sombra de la “república amorosa” predicada por la Cuarta transformación.
Por otra parte, y en este mismo tenor, resulta muy alarmante la muerte del youtuber Rafael Arias, comentarista político destacado por sus constantes críticas y bromas hechas a Gerardo Fernández Noroña, quien llegó al grado de incluso amenazarlo públicamente.
La simple y sola amenaza por parte de un funcionario o representante popular contra un ciudadano, en cualquier país civilizado y decente, tendría que ser motivo de destitución de los principales sospechosos de este crimen, empezando por el diputado Noroña, quien perdería su fuero en lo que se concluye una investigación formal: algo que por desgracia, y ante la opacidad de la Cuarta, nunca verán nuestros ojos.
