Trasladado el epicentro de la lucha por el poder político del Congreso de la Unión al alto tribunal de la nación, es decir, de las cámaras de Diputados y Senadores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora dicha disputa, promovida por el PRIANRD, aparenta ser una lucha por la honestidad de los juzgadores.
¡Nada más falso! Se trata de una lucha para descarrilar la 4T, no para sacar a la ministra Esquivel de la SCJN. ¿Cuándo los colegios y asociaciones de abogados del país levantaron la voz cuando se descubrió que en Puebla un rufián de nombre Alejandro León Flores fue juez por 30 años con un título falso de licenciado en derecho?
Pues bien, en mi primer pronunciamiento sobre este asunto, sin entrar en detalle sobre el presunto plagio de una tesis de Licenciatura en Derecho que se atribuye a la ministra Esquivel Mossa, dije que, en términos de razonabilidad, no está en cuestión si Yasmín Esquivel deba o no ser electa por sus pares como presidenta de la SCJN, quien para mí por dignidad debería renunciar al cargo que ostenta, sino los blandengues requisitos que el arcaico modelo constitucional de acceso a la Judicatura pide (Artículo 95 de la Constitución) para ser ministro de la SCJN.
En países de mayor civilización política, por ejemplo en Francia, a partir de la aceptación de que la ideología y la extracción social de los jueces (en todos sus niveles) consciente o inconscientemente influyen en sus decisiones judiciales, en el acceso a la Judicatura como juez, magistrado o ministro de la Corte se busca que los diferentes estratos sociales e ideologías estén representados en los órganos de impartición de justicia.
Pero al parecer en México en hipocresías no hay límites, los defensores del statu quo, entre quienes se encuentran no pocos abogados, legisladores de oposición y ciertos académicos comprometidos con el anterior régimen, fingen ignorar que históricamente la autonomía del Poder Judicial en México ha sido una ficción, y es hasta ahora con el Gobierno de la 4T cuando les preocupa que sea el Presidente quien, por disposición constitucional, esté facultado para proponer una terna al Senado para que éste elija a un ministro de la SCJN.
Y salvo excepciones de quienes lanzan condenas morales contra la ministra, tal vez sin conocer el contexto académico de la educación superior de hace 35 o 40 años (y de manera particular en las escuelas de derecho), es una hipocresía también lo del presunto plagio de la tesis atribuido a la ministra.
Efrén Vázquez Esquivel
