He leído varias historias que hablan de la Corte de México –la última, “Historia mínima de la Corte de Justicia de México”, de Pablo Mijangos y González–; además varios ensayos históricos de diferentes épocas del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los siglos XIX y XX, y en ninguna se da cuenta de la indignación de los integrantes del alto tribunal de la nación por protestas callejeras en contra de algún juzgador.
Las protestas han sido contra los presidentes, gobernadores, diputados y senadores; a los jueces, magistrados y ministros de la Corte parecen estar más allá del bien y el mal; nadie voltea a verlos, no obstante que de ellos depende la suerte del patrimonio y hasta la libertad.
Así que, es la primera vez en la historia que la Corte de México emite una enérgica condena contra los manifestantes que quemaron una efigie de cartón de la ministra presidenta de ese organismo, Norma Lucía Piña Hernández.
La quema de la efigie de Norma Piña hubiera pasado inadvertida por los medios y no hubiera habido condenas de los ministros de la Corte ni de ningún alto funcionario público, como no las hubo cuando de la misma manera se ha protestado contra el Presidente; entre otras veces, recuérdese cuando Gilberto Lozano, líder de Frena, se muestra tétricamente en las redes sociales con una charola llevando en ella la cabeza de AMLO. Pero ahora es diferente, la violencia simbólica contra la ministra Piña fue en un acto público convocado por el Presidente y fueron algunos de sus seguidores los que efectuaron ese acto.
Previo a ese acto condenable hubo en la Corte hechos atribuidos a la ministra Piña que encolerizaron a los obradoristas: el intento del INE, el Tribunal Electoral y de 4 ministros, entre ellos Norma Piña, por sacar de la carrera presidencial a Claudia Sheinbaum, con el argumento de que, debido a supuestos actos anticipados de campaña, ya no poseía un modo honesto de vivir.
Afortunadamente, con el argumento de que dicho concepto “implica una ponderación subjetiva y puede traducirse en una forma de discriminación”, el proyecto impulsado por la ministra presidenta se vino abajo. Esta decisión, sin duda, con todo y lo cargado de los dados produce confianza en la Corte.
Además, entre otras decisiones sospechosas para los youtuberos, que son los que se han encargado de darles vuelo a este asunto en las redes sociales, se dice que en dos meses que Norma Piña está al frente de la Corte se liberó a Rosario Robles; quedó sin efecto la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; se concedió un amparo a la esposa de Genaro García Luna para que se desbloquearan sus cuentas bancarias, un poco después de que este fue condenado por varios delitos en los Estados Unidos...
Insisto una vez más, aunque la protesta de los obradoristas es legítima, ésta es condenable porque es la confrontación de argumentos, las réplicas y contrarréplicas, las conjeturas debidamente fundadas y las refutaciones lo que abre el camino del verdadero cambio que tanto se necesita, sobre todo en el Poder Judicial, no la violencia simbólica contra la presidenta de la Corte.
Pero si todo esto no se realiza entre los académicos, ni en los colegios de abogados, menos se va a producir entre los ciudadanos de a pie, estigmatizados como “chairos”.
Lo que hay entre no pocos abogados con relación a la crisis por la que hoy atraviesa la Corte de México, es una confrontación ideológica por medio de insultos: memes, videos, textos cortos que se reenvían no pocas veces sin verificar su origen y autenticidad.
Me angustia que no se perciba ni en el foro, ni en la academia, la necesidad de debatir sobre una reforma estructural del Poder Judicial, lo que implicaría la creación de una auténtica carrera judicial; tampoco en el Poder Judicial se percibe esta necesidad.
En el Gobierno sí se percibe; pero, además de que este ha mostrado su incapacidad para comprender el verdadero problema, de intentar convocar a los académicos, colegios de abogados, colegios de jueces para ese fin, tal propuesta sería percibida como una intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, como se percibió en diciembre de 1944 cuando el presidente Ávila Camacho propuso crear una “Comisión de Responsabilidades y Mejoramiento de la Administración de Justicia”. Ante esta propuesta, los integrantes del PJF de inmediato expresaron su resistencia ante cualquier tipo de cambio.
