El derecho y la política se implican y complican, duermen juntos. Pero no necesariamente viven en amasiato o tiene que haber en ellos un desliz. Pues, contrario a la creencia popular de que “cuando en una habitación se encuentra el derecho y la política entra por la puerta, de inmediato, el derecho sale por la ventana”, en la tradición de la cultura occidental se demuestra que ambos fenómenos solo es posible poder diferenciarlos, no evitar que se mezclen; y para impedir confusiones e invasiones de poderes, es necesario que haya vasos comunicantes y diálogo abierto entre los Poderes.
Esto es así porque que el poder del Estado es uno solo y se divide para su ejercicio en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Vivimos en un Estado de derecho, no en una poliarquía feudal como hoy día se aprecia, por tanto es necesario deliberar para lograr acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.
Lo anterior lo tuvieron muy claro los constituyentes de 1824. En la primera Constitución de México, promulgada el 4 de octubre de 1824, se establece que el Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito, y a la vez responsabiliza al titular del Ejecutivo federal el cuidado de la pronta administración de justicia y la buena conducta de los jueces, sin inmiscuirse en las funciones que son propias de los juzgadores.
No obstante lo anterior, la falta de cultura democrática y de la legalidad que hemos padecido en casi 200 años de vivir bajo el régimen de un Estado de derecho, entre otros factores, ha originado que lo que acontece en el Poder Judicial sea mucho más actos de simulación que de realidades.
Resulta paradójico que el jurista Ignacio Vallarta haya puesto como condición para aceptar el cargo de presidente de la Corte despolitizar la justicia, ya que en la Constitución de 1857 se instituyó que, en caso de ausencia total del presidente de la República, este sería sustituido por el presidente de la Corte, pues, como es sabido, la mentada despolitización fue de mentiritas.
Ahora bien, dada las funciones que cumple la Corte su naturaleza es, por antonomasia, política. No puede ser de otra manera, pero la política jurídica de la Corte, además de que tiene que ser de Estado, no de facciones, no debe hacerse en lo oscurito, sino que como todo lo público debe hacerse a la luz del día y a los ojos de todos.
¡Urge democratizar el Poder Judicial de la Federación (PJF) y lograr que sea verdaderamente autónomo! Pues siempre, en mayor o menor medida, ha estado sometido al poder del Presidente, al poder político y a los poderes fácticos. Con excepción de lo que va del año en curso, periodo durante el cual, como nunca en la historia de la SCJN, desde el primer día en el que asumió el cargo del referido máximo tribunal de la nación la ministra Norma Piña, esta no ha dejado de confrontar al Presidente; en tanto que este, por su parte, no ha dejado de lanzar tremendos misiles contra Norma Piña, la Corte de justicia y todo el PJF. Lo más suave que a AMLO, sin referirse a todos los integrantes del PJF, es que es un “bastión del conservadurismo corrupto”.
Aclaro, solo hay sometimiento cuando en contra de la propia voluntad la Corte se acata la voluntad del titular del Ejecutivo; sí hay coincidencia con la política jurídica del gobierno y con lo que este pretende implementar, no habrá sometimiento. Dilucido este punto porque, en el caso del ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien fue designado por el ex presidente Felipe Calderón y ha manifestado estar a favor de los cambios implementados por el actual Presidente, honestamente no veo en él sometimiento; pero sí, sin duda, siendo presidente de la SCJN ejerció su poder en el PJF a favor de la política de Estado de la 4T, no podía ser de otra manera dentro del sistema de simulación de la real politik que mueve a este país.
Mirando así las cosas, dentro de la real politik fue un acierto de AMLO haber impulsado a Zaldívar como presidente de la Corte, indudablemente hizo buen trabajo, las cifras de expedientes contra jueces y magistrados atendidos por el Consejo de la Judicatura, entre otras evidencias, lo demuestran; pero fue un desacierto que AMLO, contra lo establecido por la Constitución tratara de alargar su periodo.
También fue un desacierto de AMLO haber impulsado para que llegaran a la Corte a Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carrancá; había otros mucho mejores perfiles que por desgracia no estaban cerca del Presidente, ni tampoco cerca de un poderoso amigo del Presidente, único camino para acceder a ese cargo. Por último, también es un acierto de AMLO la elección de ministros, siempre y cuando, como lo he dicho, haya filtros, estudios de personalidad para que no cualquiera sea candidato, y además, que en dicha elección no intervengan los partidos ni el Presidente.
