Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por la ministra Norma Piña, están perdidos ante la sagacidad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que no optan por el diálogo, en vez de la confrontación. La renovación del aparato judicial, aunque por etapas, lentamente, ya no puede postergarse, y en esto los juzgadores no deben quedar fuera, creyendo que su misión es defender el modelo de estado neoliberal, que fue para lo que ellos llegaron como integrantes de la nueva Corte de justicia. Veamos un poco de historia.
Ernesto Zedillo inició su sexenio el 4 de diciembre de 1994, y el día 31 de este mismo mes y año, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional, por medio de la cual desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 1 de enero de 1995 amanecimos sin SCJN, siendo hasta el 27 de enero cuando la nueva SCJN inició sus funciones.
“El zedillazo”, o “golpe de Estado a la Corte” –así se llamó este hecho en aquel tiempo– fue una de las etapas más importantes del proceso de transición del estado social de derecho diseñado por el constituyente de 1917 al modelo de estado neoliberal. Pues, sin un Poder Judicial fuerte, sin jueces especializados en conflictos de competencia económica y sin un órgano de justicia constitucional facultado para derrumbar leyes y hasta para poner en jaque las políticas públicas, no sería posible garantizar el desarrollo del estado neoliberal que, dicho sea de paso, éste no ha quedado en el pasado, como dice el Presidente.
Sobre las múltiples reformas constitucionales, Pablo Mijangos y González, prestigiado jurista e historiador, sostiene lo siguiente: “Sin temor a exagerar, puede decirse que la transición mexicana ha ido creando lentamente su propia Constitución y que en su infinidad de lagunas, contradicciones, buenos deseos, temas sobrerregulados, artículos transitorios y excepciones a reglas generales, se aprecian los resultados concretos de nuestra pobre conversación democrática” (“Historia mínima de la Corte de Justicia de México”, Colmex, 2019, p. 215).
Como prueba de su aseveración, dice, con base a datos duros, que entre 1997 y 2012 se promulgaron 69 decretos de reformas constitucionales, “que comprende casi la tercera parte del total de modificaciones a la ley fundamental desde 1917” (p. 215).
¡Ah, y eso sin contar las reformas constitucionales privatizadoras que se hicieron el año 2013! Entre otras: en materia de telecomunicaciones y competencia económica; en materia energética; y en materia electoral, para fortalecer al INE.
Visto lo anterior, era previsible que al ganar la elección presidencial de 2018, López Obrador, abanderando un proyecto de estado opuesto al estado neoliberal, iba a haber confrontaciones entre los Poderes de la Unión, como nunca en la historia del presidencialismo mexicano.
Ahora bien, la oposición de la mayoría de los juzgadores al Lópezobradorismo no necesariamente es por lealtad al ex presidente a quien se debe la designación, aunque en algunos casos no dudo que esto sea, sino más bien, entre otras posibles motivaciones: por afinidades ideológicas con el modelo de estado neoliberal; y por temor a perder sus privilegios, como ningún otro poder judicial en el mundo.
Con honrosas excepciones, los juzgadores son extremadamente conservadores; en serio o por conveniencia, muchos creen que la justicia se logra en la serenidad del reclinatorio de la diosa Themis; no admiten que la justicia está sujeta a múltiples coacciones; y en broma o en serio, creen que en ellos nada influye más que la ley.
Además, entre muchos otros de sus credos, debido la formación exacerbadamente formalista con la que egresan de las escuelas de derecho, creen que el estado es una entelequia, es decir, una entidad abstracta, por lo que este, fuera del derecho, no tiene existencia real. De ahí que, para ellos, el diálogo interinstitucional en el plano de la política entre los tres Poderes de la Unión para buscar el mejoramiento de la justicia, o incluso para el logro de una verdadera autonomía del Poder Judicial, está fuera de la posibilidad de comprensión; y es aquí donde los juzgadores llevan las de perder ante la perspicacia del Presidente.
