En pleno inicio del año electoral donde se celebrarán votaciones para renovar las 84 presidencias municipales del estado el próximo domingo 7 de junio de 2020, uno de los temas que surgen con mayor fuerza es el de la violencia política de género.
Dicho fenómeno se presenta cuando se dan agresiones de cualquier tipo en contra de mujeres que son candidatas a puestos de elección por su condición de género. Es decir, que son afectadas por participar, con miras a dañar su imagen o su intención de triunfo.
En el Senado, para contribuir a que se termine con la violencia política de género, la legisladora hidalguense de Morena, María Merced González González, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional, y adicionar los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, e incluir en los ordenamientos este concepto.
En la exposición de motivos, la senadora explicó que esa violencia se registra al intentar frenar a las mujeres en su intento por ejercer sus derechos político-electorales. Tales acciones frenan y perjudican esos derechos por el “simple hecho de ser mujeres”, lo que revela una amplia escala de expresiones en su contra. Informó que del 8 de septiembre de 2017, al 12 de junio de 2018, se registraron muchas agresiones en el país. Fueron 106 mujeres candidatas o políticas en funciones, las víctimas de asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas o con arma blanca, asaltos con y sin violencia y atentados contra familiares.
Además 16 mujeres políticas fueron asesinadas, cinco eran candidatas y dos precandidatas. Los casos reportados sucedieron en 23 entidades y los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, fueron las entidades que representaron el mayor riesgo para la actividad política de las mujeres, al concentrar el 65 por ciento de las agresiones.
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