Hidalgo ya es el primer lugar nacional en reportes de tomas clandestinas. Cerró así 2018 y lo es ahora en los primeros días de 2019.
Ocho reportes diarios de daños a la infraestructura de Pemex es la cuenta que se tiene desde el 1 de enero, lo que se suma a la tragedia de Tlahuelilpan del pasado viernes en el estado.
La crisis no puede ser peor. Incluso, las zonas identificadas como focos rojos dejaron de serlo a partir de que la región de Tula-Tepeji captó la atención mundial por la muerte de más de 90 personas, hasta el momento, producto del incendio de la toma clandestina que se había perforado y de donde se estaba recolectando ilegalmente el producto.
De hecho, Tlahuelilpan no estaba dentro del mapa delictivo estatal, porque a pesar de ser un tema federal y que está en manos de Pemex y la PGR se cuenta con un panorama local de seguridad, e incluso los mayores esfuerzos se encontraban desplegados en la región de Tulancingo y el Altiplano.
Por eso la crisis se agravó. Porque en las zonas donde se siguen ordeñando ductos, lo más probable es que estén aprovechando la situación de Tlahuelilpan para continuar realizando la extracción peligrosa del hidrocarburo.
Lo vimos días antes de la explosión con lo ocurrido en Ventoquipa entre Cuautepec y Santiago Tulantepec, lo atestiguamos con las reiteradas denuncias desde la conferencia matutina del Presidente sobre el sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco. Lo vemos, lamentablemente, en la misma zona de la tragedia donde a pocos kilómetros se volvió a perforar un ducto y donde en Tula decomisaron combustible almacenado al interior de una vivienda.
Es un momento clave para la lucha contra el huachicol que comenzó el gobierno federal e Hidalgo es la primera gran prueba para las fuerzas armadas y la estrategia de seguridad. Por desgracia las bajas ya superan a la expectativa de éxito y el saldo es rojo.
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