El principal bloque opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRI, PAN y PRD, se han vuelto a unir para ir en contra de la consulta popular del domingo 1 de agosto. La razón es más política que legal, pues no se defiende el fundamento de la herramienta democrática que será empleada por primera ocasión en el país, sino el tema.
Es decir, una consulta popular con toda la relevancia que conlleva, tuvo que haber sido aprovechada de mejor forma y no como actualmente está ocurriendo.
La pregunta sobre si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes de México por las gestiones del pasado es algo que simplemente no debería ser el principal tema del debate público. Si bien todos sabemos que hubo muchos errores en el pasado, la propia historia es la que se encarga de juzgar a sus interlocutores.
Llevar ante la justicia a un ex mandatario mexicano no solo luce imposible, sino que es una afrenta a la propia razón del ciudadano que está más inmerso en sobrevivir a la pandemia, a la crisis económica, al desempleo y a la falta de competitividad, que poder vengarse políticamente de algún personaje.
Claro que importa y debe ser siempre así, el que si un actor político cometió crímenes de lesa humanidad pague, o bien si afectó a los intereses y patrimonio del país, también sea llamado a rendir cuentas, pero para todo hay formas.
Incluso el INE ha sido cauto con la consulta popular y aunque a regañadientes, porque la ley se los mandata, ahí están con la organización y la logística, con todo lo que será la jornada del fin de semana, en donde mexicanas y mexicanos daremos el primer sí o no en la historia de las votaciones.
Sin embargo, parecen ser más los contras que los pros y ya son demasiados actores políticos, partidos, incluso afines al actual gobierno, que no están de acuerdo en hacer una consulta popular en estos momentos.
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