Con el proceso electoral en marcha para renovar el Poder Judicial en todo el país, surgen muchos cuestionamientos sobre de qué forma van a poder realizar campaña los miles de aspirantes.
Y es que, ni el INE ni los consejeros tienen claridad en sus respuestas, y mientras sus criterios para evaluar acciones de los participantes no sean claros y contundentes, los vacíos reinarán sobre cualquier otra situación en la elección judicial, un proceso de por sí ya inédito y que está siendo un gran dolor de cabeza.
La política nacional está sumergida en una vorágine de complicaciones, producto de esta elección que se realizará el próximo 1 de junio (estamos prácticamente a tres meses), y apenas está medio terminando la discusión en la Corte, en el Senado y en el Tribunal Electoral.
Si todo sale conforme al plan de la 4T –pues fueron los creadores de dicha enmienda y por ende del proceso-, las campañas de los candidatos se llevarán a cabo entre el 24 de abril y el 28 de mayo, con posibilidad de organizar foros, entrevistas y debates en diversas instancias.
Sin embargo, los participantes no podrán celebrar contratos para sus campañas, ni nada por el estilo, a manera de tener una contienda con más equidad, y únicamente se dará prioridad a los medios institucionales como las redes sociales de cada personaje, así como al famoso portal web “Conóceles” que es donde el INE pone a los aspirantes de cada proceso electoral.
Los que tengan oportunidad de acceder a dichas herramientas electrónicas, podrán atender y analizar los perfiles que están en cada circuito, y los que no, pues acudirán a las urnas si así lo desean, con los ojos cerrados y votando por quien creen que pueda ser mejor.
La experiencia no parece ser la más adecuada para poder establecer que así serán por siempre las renovaciones del Poder Judicial, pero al final se está ejecutando el plan que se instrumentó desde la llegada de AMLO en 2018 a Palacio Nacional.
Con ello, la 4T pretende acabar con la corrupción que acusa existe en el Poder Judicial de todo el país, en los estados, en la Suprema Corte y en todas las esferas de competencia de jueces, magistrados y ministros.
