Ayer por la noche cuando nos disponíamos a concluir la edición de Notivox Hidalgo, en la redacción de Pachuca nos surgieron dudas acerca de las teorías que determinó la Procuraduría del estado de Hidalgo respecto a los hechos del 5 de enero de 2017 en donde fallecieron dos jóvenes en el municipio de Ixmiquilpan.
Lo que inició como una jornada de protestas por el incremento al precio de los combustibles, como en muchas otras partes del país, concluyó con un saldo rojo en el Valle del Mezquital hidalguense: un enfrentamiento con agentes de la Policía Federal y Policía Estatal sobre la México-Laredo provocaría quema de camiones, lluvia de piedras, gases, balas de goma y disparos de armas de fuego. Producto de incidente resultaron heridos de muerte Fredy Cruz y Alan Giovani Martínez de 25 y 22 años respectivamente y originarios de las comunidades de Dios Padre y Maguey Blanco.
De acuerdo con el Procurador hidalguense, Javier Ramiro Lara, la fiscalía integró la carpeta de investigación en la que se dio cuenta de señalamientos en contra de agentes de la Policía Federal como "probables responsables de la muerte" de quienes se reportaron como fallecidos el 5 de enero.
Según el fiscal estatal, la línea de investigación se robusteció a través de entrevistas y el desahogo de pruebas, motivo por el que se considera que hay elementos suficientes para fincar responsabilidades y entonces enviar dicha encomienda a la PGR ya que corresponde a la instancia federal dar seguimiento a las denuncias en contra de personal adscrito o perteneciente a corporaciones como la PF.
Los hechos, pues, resultan más claros que el agua; sin embargo, el detalle consiste en deducir quién disparó y por qué lo hizo. Días después de los lamentables sucesos en Ixmiquilpan, el gobernador del estado se comprometió a llegar al fondo de las investigaciones por la muerte de dichos jóvenes y prometió apoyo a familiares de las víctimas, siendo la certeza jurídica una de las acciones inmediatas para buscar resarcir el daño.
Se dice que en la región, al ingresar al municipio de Ixmiquilpan y donde se ubica actualmente lo que queda de la sede regional de la Policía Federal, se desplegaban agentes ya conocidos y ubicados por lugareños. Ahí comían, por ahí patrullaban y aunque no son del estado, podían ser reconocidos por muchas personas.
Tras el inicio de las protestas por el "gasolinazo" y con bandos separados entre autoridad y ciudadanía, se pudieron percatar rápidamente de quienes estaban de un lado y quienes del otro al momento de darse el choque del 5 de enero.
Ahora corresponderá a la PGR dar cauce a esta situación y buscar cerrar uno de los capítulos más tristes en la historia reciente del estado, pues ninguna protesta, causa o enemistad social justifica la pérdida de vidas humanas.
