Ayer el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, sorprendió con su informe a cien días de trabajo en la FGR no solo por la cantidad de información generada, sino por los avances específicos en casos como el de Tlahuelilpan, Hidalgo.
La tragedia del pasado 18 de enero, que ha cobrado hasta la fecha la vida de 187 personas, las únicas identificadas, parecía estar en el limbo jurídico pues una vez ocurridos los hechos poco o nada parecía que sobrara en materia penal.
Sin embargo, Gertz indicó que en un trabajo conjunto con la Procuraduría del Estado de Hidalgo se está tras la pista de los culpables tanto de haber provocado la explosión del ducto en la comunidad de San Primitivo, como de haber difundido mensajes en redes sociales para que la gente acudiera a robarse el combustible, al final un delito.
En la investigación, dijo, se ha podido identificar a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.
Producto de ello se han realizado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno. Una labor titánica si se conoce un poco la forma de operar del sistema de impartición de justicia en México.
El fiscal también reveló que en el asunto existe todavía un proceso de investigación en contra del personal de Seguridad Física de Pemex quienes eran los encargados de acudir al llamado de emergencia tras la fuga de hidrocarburo.
La FGR tiene indicios de un posible retraso del personal y lo más interesante, una discrepancia “notable” entre los protocolos de la paraestatal frente a una situación como la que se vivió.
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