QUE primero fue una auditoría “preventiva” contra la UAP por parte de la Auditoría Superior del Estado, ahora es la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) quien interviene en la universidad con el pretexto de “verificar y dictaminar”, como “autoridad sanitaria”, la “correcta prestación del servicio de salud por parte del Hospital Universitario a sus derechohabientes, como lo faculta la ley”.
QUE a diferencia del estado vecino de Tlaxcala donde el Congreso local modificó el código penal para sancionar con cárcel de tres a seis años por agresiones a médicos, enfermeras y camilleros de hospitales que atienden a pacientes covid-19, en la entidad poblana no se ve la decisión contundente de proteger a los profesionales de la salud. En opinión del titular del Ejecutivo estatal poblano, este tipo de actos no han sido una constante como en otros lugares, pero manifestó que lo analizará con el consejero jurídico, y en caso de emitirse una enmienda legal, será provisional y tendrá que ser revisada por la Legislatura local.
QUE la periodista Lydia Cacho balconeó en su cuenta de Twitter al Poder Judicial federal y al ex gobernador Mario Marín Torres, porque el “gober precioso” solicitó un amparo para no ser detenido en Puebla “porque es población en riesgo por covid-19”. “Dice el Magistrado Oscar Rodríguez Álvarez, de Cancún, Quintana Roo que ‘le preocupa mucho la salud del ex gobernador Marín’. ¿Y mi derecho como víctima de tortura? ¿Y el derecho de las niñas y niños víctimas de pornografía infantil?”, cuestiona la defensora de menores .
