Que una veintena de personas terminó con lesiones tras el aparatoso choque de cuatro vehículos, entre ellos dos unidades de transporte público, sobre la 16 de Septiembre y el bulevar Carlos Camacho Espíritu. Este accidente no solo refleja la imprudencia de algunos conductores de rutas colectivas, sino que también ensombrece las intenciones de los permisionarios de justificar un incremento en la tarifa. Porque, ¿cómo pedir más dinero cuando los percances, atribuibles a su falta de pericia y cuidado, siguen siendo noticia? La seguridad de los pasajeros debe ser la prioridad antes de pensar en aumentar el pasaje.
Que hace apenas unas semanas se inauguró con bombo y platillo un paradero de transporte público local y foráneo en el bulevar San Felipe, a tan solo unos metros de la incorporación a la autopista México-Veracruz. La obra prometía ser la solución definitiva para evitar el caos vial en la zona, eliminando dobles y triples filas de combis y autobuses que hacían base en plena vía. A pesar de ello los conductores continúan estorbando fuera del paradero y los automovilistas siguen atrapados en el habitual embotellamiento.
Que en el IEE, la consejera presidenta Blanca Cruz ya dejó claro que será la autoridad electoral la que se encargue de desentrañar el misterio detrás de la famosa “transferencia de votos” de Morena a Fuerza por México, aquella jugada magistralmente ejecutada para conservar el registro. Según nos cuentan, los tribunales estarán analizando con lupa las impugnaciones interpuestas por el PAN, que ya había levantado la ceja por ciertas irregularidades detectadas en el conteo de la elección del 2 de junio en la capital poblana.
Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una sanción de 7.4 millones de pesos al PAN por fallas en la fiscalización durante el pasado proceso electoral. Lo interesante es que la multa se originó por supuestas irregularidades en la gestión financiera de la dirigente Augusta Díaz de Rivera, descubiertas tras revisar los informes de ingresos y gastos de campañas para candidaturas locales. El partido en un intento de impugnar la resolución, terminó metiéndose en más problemas, es decir que, lejos de salir bien librados, ¡se dieron un tiro en el pie!