Que una decena de legisladoras encabezadas por la panista María Teresa Castell presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados contra la morenista María Clemente García por difundir un video sexual en redes sociales, aunque la diputada trans justificó su publicación con la frase “es mi cuerpo, es mi vida” y, más aún, aseguró que al margen de sus actividades legislativas se dedica al trabajo sexual y a producir pornografía. Prometió además más detalles en una conferencia de prensa este miércoles.
Que cómo estaría el debate en el Senado que más allá de las injurias y provocaciones de la panista Lilly Téllez, así como el desconcierto de lo que queda del PRD por el cambio de pista de dos de sus tres legisladores en favor del dictamen militar de Morena y sus aliados, salieron en el intercambio los nombres de José Francisco Ruiz Massieu, Carlos Salinas de Gortari e Irma Serrano, quien en voz de Ricardo Monreal usaba un lenguaje más “elegante” que el de sus actuales compañeros de Cámara. El zacatecano, por cierto, fue clave en la aprobación del dictamen con la mayoría calificada por su tarea de conciliación con las bancadas: 87 votos contra 40.
Que en oficinas del gobierno federal aseguran que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, no quitará el dedo del renglón y recuperará cada uno de los predios de la zona de Santa Fe que fueron ocupados de manera “ilegal”, pese a que algunos políticos de Ciudad de México se oponen, y dejaron claro que el decreto de 1907 publicado por Porfirio Díaz, ratificado en 1917 por el Constituyente de Venustiano Carranza, no puede ser derogado. Dicen.
Que gracias a la reestructuración que hace unos meses ordenó el Congreso capitalino al Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM), ese órgano otorgará a los partidos más de 61 millones de pesos de financiamiento para este año, que fueron ahorrados debido a la baja de 57 plazas que generó la decisión de eliminar cinco áreas consideradas innecesarias.
