Que quienes alistan un "round" ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el Municipio de San Pedro y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Resulta que por allá del mes de mayo la Profepa le clausuró al ayuntamiento sampetrino la construcción de un puente peatonal, alegando que estaba invadiendo el ecosistema del arroyo El Capitán, por lo cual el municipio tuvo que parar las obras sin, supuestamente, haber sido notificado por la dependencia federal.
En respuesta, la autoridad municipal acudió ante la Corte a interponer una controversia constitucional y una suspensión, mismas que ya fueron admitidas y concedidas, respectivamente, para poder continuar con las obras al argumentar que los terrenos son municipales y tienen título de propiedad de los mismos.
Con esto, la moneda está en el aire, pues el asunto deberá ser resuelto por la máxima instancia de justicia en el país para ver a quién le da la razón.
Que en donde se están poniendo tensas las cosas es en García, luego de que el regidor de oposición Manuel Guerra Cavazos presentara una denuncia formal en contra de su homólogo Juan Miguel Gutiérrez Ríos y el alcalde, Carlos Alberto Guevara Garza.
En un escrito presentado ante la Fiscalía General de Justicia del estado, Guerra describe que el jueves pasado, al terminar la sesión de cabildo, el presidente municipal lo habría increpado para decirle “que ya fue mucho de que esté molestando, que critica todo, que nada le parece y que donde quiera y cuando quiera”.
Posteriormente, afirma el denunciante, presuntamente se le acercó el regidor Juan Miguel Gutierrez, quien habría advertido: “Ya estuvo bueno, cabrones, no saben con quién se están metiendo y aténganse a las consecuencias”.
Al respecto, Guerra Cavazos responsabilizó a su homólogo y al presidente municipal por el presunto delito de amenazas y responsabilizó a ambos de lo que pudiera llegar a ocurrirle a los miembros de su equipo de trabajo, a su familia y a su persona.
Que la Universidad Autónoma de Nuevo León se declaró lista para su regreso gradual a clases presenciales, el próximo 2 de agosto.
La Comisión Especial para la Prevención y Atención del COVID-19 y la Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario aprobaron el protocolo que prevé la vuelta a los salones de manera escalonada, con nuevas medidas de logística, el equipamiento de aulas y la capacitación de maestros.
