Que ayer, sorpresivamente, se dio un cambio de coordinador de los Diputados federales mexiquenses del PRI, en lo que probablemente sea un ajuste táctico pues el experimentado Gustavo Cárdenas ya va encaminado a tareas estratégicas en la casa tricolor, con la mira en el proceso 2023. A esa responsabilidad legislativa ahora hace su arribo otro político de sólida trayectoria y renovados bríos: Miguel Sámano Peralta. Sin duda los equilibrios y la inclusión de grupos es algo que se va construyendo para que nadie se quede afuera de la operación de la maquinaria política que les funcionó bien recientemente.
Que el reloj no detiene su marcha y ante el inminente cierre de ciclo legislativo, el gobierno mexiquense sigue con buena etiqueta política y, a través del titular de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, ha asegurado que el gobernador Del Mazo tiene toda la disposición de atender los requerimientos de la Cámara de Diputados local para respectiva entrega del informe de resultados, y hasta se programó una reunión con la Junta de Coordinación Política para definir estos detalles, que abonan a la armonía entre poderes.
Que el otro poder también está haciendo su chamba, y en plena coordinación. Ayer Ricardo Sodi Cuéllar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), aseguró que la comisión especial de amnistía del Congreso local ha presentado más de 500 casos de posibles candidatos a la liberación por dicha modalidad de la ley. Sin embargo, se ha reiterado que seguirá el análisis, toda vez que muchos peticionarios no cumplen con los supuestos que señala la ley.
Que esa cooperación contrasta con lo que se está viviendo en los ayuntamientos que han cambiado de signo político en la pasada elección. Muchos de los salientes están dejando piedritas en el camino (y las calles llenas de baches). El caso más reciente es el de Chimalhuacán, donde la presidenta electa Xóchitl Flores Jiménez, denunció la sindicalización masiva de trabajadores del ayuntamiento. La también Diputada local en funciones se quejó de que en dos meses ya enrolaron a otros 430 empleados, lo que incrementará hasta en más del 20% los gastos en salarios y hace más latentes los consabidos juicios laborales.
