Decidir a través de una consulta popular si los jueces, magistrados y ministros son o no electos por medio del voto de los ciudadanos es una más de las burradas cuatroteras, cargadas siempre de perversidad y con el fin de distraer a los gobernados de la creciente desgracia nacional.
Primero: esa pretendida consulta violaría la Constitución, pues en su artículo 35 prohíbe, expresamente, someter a consultas públicas las cuestiones electorales, como sucedería en este caso.
La Suprema Corte impedirá ese esperpento, por lo cual arreciarán las injurias en su contra, como acusar a la mayoría de ministros de estar al servicio de sus propios intereses y no del “pueblo bueno”, por supuesto, encarnado en el inepto y facineroso, eclipsado por la nefanda realidad nacional incrementada por sus desvaríos.
Segundo: esa intentona es perversa porque en vez de “legitimar” a quienes impartirían justicia, los llevaría a sus cargos por medio de un trámite político y no técnico, a través del cual los mafiosos de la política, mancornados con el crimen organizado, determinarían la lista de los juzgadores.
Someter a la votación de 93 millones y medio de mexicanos los nombramientos de quienes deben hacer valer el imperio de la ley sería destruir la naturaleza misma del Poder Judicial, porque la impartición de la justicia no debe recaer en ciudadanos “simpáticos” o “populares” (votados “democráticamente”) sino en mexicanos honestos y honrados, peritos en Derecho, con vocación para ese servicio y previamente sometidos a trámites y exámenes rigurosos.
Si va creciendo la participación del crimen organizado en los comicios locales y federales, ¡nada más le falta al siniestro oficialismo abrirles paso para adueñarlos también del Poder Judicial!
Tartufo tiene sometido al Poder Legislativo (como consecuencia del depravado morenismo en el Congreso) y ahora pretende hacer lo mismo con el Judicial, violando lo dispuesto por el artículo 49 de la Carta Magna, el cual prohíbe la concentración del Supremo Poder de la Federación en una persona o corporación.
Ante los ataques incesantes y arteros a nuestras leyes e instituciones, y el funesto deterioro de la vida nacional, es nuestro deber apoyar a la mayoría calificada (y bien calificada) de la Suprema Corte por su valerosa defensa a la Constitución.
El oficialismo urde diariamente estafas distractoras para ocultar sus violaciones a los derechos humanos de los gobernados; como negarse a informar sobre los contratos sin licitar y los costos de las obras gubernamentales, con la patraña de garantizar así la “seguridad nacional”, pero buscando impunidad ante los despilfarros y latrocinios de estos rufianes.
Y será peor el final de esta pesadilla sexenal, porque mentir, robar, difamar, distraer y destruir son las marcas indelebles de la pocilga.
