Hace 30 años y más era denodada la lucha ciudadana en contra del uso ilegal de dinero público en favor del entonces partido oficial, aquel viejo PRI. Las dádivas a los pobres y la tramposa publicidad gubernamental era lo que sostenía a la corrompida estructura de poder.
Mi afirmación de que en 1994 no me ganó la presidencia Ernesto Zedillo sino Carlos Salinas, Pronasol y Televisa era parte de una fuerte demanda social para que el gobierno suprimiera ese proceder arbitrario, el que en cierta medida se erradicó en años posteriores. En esa lucha genuinamente democrática no había izquierdas, derechas ni centros, simplemente era un legítimo reclamo ciudadano.
Para constancia perenne de ese anhelo, transcribo la síntesis de lo publicado en La Jornada hace 35 años, y que, mutatis mutandi, cobra hoy especial relevancia:
“… es evidente la vinculación entre el programa de Solidaridad y la acción electoral del partido oficial, hasta la gráfica corresponde a una misma cosa... El gobierno actual sostiene la misma vieja idea de que el gasto público que se canaliza a las obras de equipamiento urbano y rural debe ser presentado como dádiva de un partido y no como una función gubernamental. El pauperismo oficial es peor aún, ya que el gobierno utiliza los fondos públicos para repartir miserias entre los más pobres a nombre de una falsa redención llevada a cabo por el partido oficial... Lo que rige son las normas no escritas, de carácter enteramente faccioso, que un pequeño grupo de políticos priistas ha impuesto al país. El programa de Solidaridad es uno de los principales instrumentos electorales del poder, pero es también la confesión de la pobreza política del partido oficial.
“Incapaz de organizar a los ciudadanos para llevar a cabo un esfuerzo propio, condenado de por vida a ser un apéndice del poder público, arrastrado por los caprichos y desaforados deseos de su jefe nato y sumido en la decadencia y mediocridad, el PRI recurre a la defraudación electoral antes, durante y después de las elecciones... El partido oficial se nutre de la despolitización del pueblo... En vez de proponer al país grandes programas económicos para la superación del atraso, se nutre de la reproducción de éste para refrendar las perversas bases de dominación política”.
Eso firmó el 26 de octubre de 1990, ni más ni menos, quien dirigirá la nueva reforma electoral: Pablo Gómez. Ese que después de ser cinco veces legislador plurinominal descubrió que el pueblo ordena suprimir las plurinominales.
Y ahora que el obradorato revive con mayor cinismo el uso faccioso de dineros públicos (proyectando a Morena como auténtico PRI-MOR) apuesto, doble contra sencillo, que Gómez, traicionando sus viejos ideales y con desplantes doctorales, impulsará lo que le ordenen para mantener el poder de la canalla.
