La promesa que decidió la elección del 2018 fue combatir la corrupción, principalmente la que afecta los haberes y rentas del Estado.
El entonces candidato, ahora Presidente, aseguró que desde el primer día de su administración se acabaría gracias a su ejemplo, porque “las escaleras se barren de arriba abajo (sic)”, y “el pueblo es bueno”, y bla, bla, bla. Hoy se contradice al afirmar que “ya se acabó la corrupción”, pero que dejará de hablar “cuando se acabe la corrupción”.
Patrañas absurdas para los más ignorantes, lamentablemente muchos.
Hubo cambio de banda, pero la música continúa con singular alegría. Es igual de abusiva aunque notoriamente inepta. Se sumaron al bandidaje los caprichos y las incompetencias; y la precaria realidad se volvió catastrófica: caídas en la economía (antes y durante la pandemia), más pobreza, pérdida de millones de empleos, cierre de empresas, fuga de capitales, mayor violencia, casi 50 mil muertos hasta hoy por la pandemia (según cifras oficiales) y demás tragedias nacionales.
La afirmación presidencial de que la honestidad vale 90 por ciento, y la capacidad el 10 restante, es un 100 por ciento estúpida. Se es honesto o bribón; capaz o incompetente, PUNTO. Asignar tales porcentajes a esos conceptos ha resultado tan falso como tóxico ¡Y sus “mascotas” le creyeron que no podían estar peor que con Peña!
Vamos al título de la columna: “Corrupción en el combate a la corrupción”. En un estado de derecho la recuperación de recursos públicos saqueados exige total transparencia y apego a la legalidad, aquí no; basta con ver el caso Lozoya y relacionados.
En México, el Presidente, apoyado por sus esbirros (que dejan el rastro de su indecencia y voracidad) decide quién es el delincuente (real o supuesto), así como el monto (verdadero o falso) del quebranto. De ahí en adelante los trámites legales, con o sin pruebas valoradas, no importan. La “sentencia” está dictada, trátese de empresas o de simples ciudadanos.
Comienza con la difamación cobarde desde Palacio Nacional, sigue el encarcelamiento o la amenaza de la privación de la libertad, se aseguran bienes de la presa y, finalmente, la extorsión: “pagas la cantidad que te fijé o caerá todo el peso de la ley sobre ti, tu familia y tus bienes” ¿El debido proceso y la presunción de inocencia?, bien, gracias.
Si es necesario se cambian las cláusulas de contratos vigentes, y si no hay liquidez se otorgan plazos para el “reembolso”, y así “devolverle al pueblo lo robado”. Éstos también hacen de las suyas, pero los alcanzará el futuro: fueron votados, pero serán botados y llevados a juicio.
PD: Felicito a las autoridades de Guanajuato y a las fuerzas federales por la captura de El Marro, y porque fueron tan rápidos que no le dieron tiempo al Presidente para liberarlo.
