Las escaramuzas entre las principales fuerzas políticas respecto de una presunta serie de corruptelas y abusos perpetrados por ex gobernadores, ha colocado nuevamente a los actores políticos en situaciones delicadas de cara a los compromisos electorales de 2017, enlazados ya con los presidenciales de 2018.
Los casos del momento como los de Guillermo padres (PAN) y de Javier Duarte (PRI), a los que se suman otros, tanto de uno como de otro partido, sin dejar de lado mandatarios surgidos del PRD –Marcelo Ebrard y la Línea 12 del Metro, un escándalo–, han venido alimentando una franja de desencanto que se amplía en cada proceso electoral.
Lo anterior se ha tomado más como uno de tantos "lugares comunes" y no como un problema que tendría que enfrentarse sin distingos de colores ni de credos pues, al final, son las instituciones públicas las que pierden y con ello la sociedad, dejándose abiertos espacios ciertamente democráticos, como las candidaturas independientes, para la actuación de otro tipo de intereses más propensos a la ilegalidad.
Los partidos políticos algo tendrán que hacer para procurar cierta credibilidad en los comicios para gobernador del año próximo: presentar candidaturas atractivas para el electorado y, principalmente, sobre los que no haya sospecha alguna de actos corruptos o indebidos en el desempeño de sus cargos.
Pero lo relevante, es que a partir de la alternancia en diversas esferas del poder público (local, estatal y federal) los gobiernos estatales y municipales parecen haber entrado al reino de la impunidad, sin que se sancionen desvíos de la hacienda pública ni los abusos.
Las medidas adoptadas por las fuerzas políticas ante ese problema no han podido ser más desafortunadas: negociar encubrimiento por encubrimiento. Incluso las abiertas huellas de corrupción al interior de los mismos partidos políticos han sido "resueltas" en los órganos fiscalizadores electorales, donde los árbitros y contralores han sido avasallados por las representaciones partidistas.
Esto ha generado consecuencias pero los dirigentes parecen más preocupados en cómo sacar a sus "bueyes de la barranca". Defienden tropelías en vez de sancionarlas y provocan con ello una des-institucionalización del poder público al trasladarlo a los espacios del "quehacer político", por llamar de alguna manera al oscuro intercambio de favores donde la ley es solo una parrafada sin sustancia.
De todos los casos que se han registrado en torno de ex gobernadores y más allá de forcejeos políticos por motivos del calendario electoral, es preciso que los actores den un vuelco importante para que, sin importar colores ni intereses cupulares, el ejercicio público no caiga a niveles peores de los que ya registra.
Ya hay demasiado malestar con la inseguridad, la actuación del crimen y los resultados en la economía, como para sumarle más a un entorno de por sí complicado.
