Guste o no, todo modelo de convivencia democrático impone que una parte de las contribuciones ciudadanas se destine al pleno ejercicio del mismo para que la renovación de los poderes públicos se lleve a cabo de la manera más tersa, sin dar pie a viejos capítulos que obligaron a revueltas.
Sin embargo, la misma democracia sugiere límites, los cuales han sido impuestos por los propios actores políticos en virtud de sonados casos de dispendio e incluso de malversación.
Lo que ha venido sucediendo en el Estado de México y, en general en el país, habla de que quienes han propuesto "candados" y otros cerrojos para evitar situaciones de dispendio o desvíos de recursos públicos, son los mismos que a toda costa buscan burlar las leyes, con manipulación de propaganda para favorecer sus propios intereses, si bien no es posible reprochar que tengan aspiraciones ya que, al final, son políticos que a eso se dedican.
Lamentablemente, diversos actores enfundados ahora en la figura de legisladores, es decir, de creadores o promotores de leyes, están en el centro de la atención, pues si bien muchos ciudadanos no logran identificarlos del todo, han desplegado una cantidad de recursos para promocionarse, procurando los respectivos resquicios legales para disfrazar lo evidente.
Así han sido los casos de Alfredo del Mazo (PRI), Juan Zepeda Hernández (PRD) y Ulises Ramírez Núñez (PAN), por citar los ejemplos más sobresalientes de esa deformación, aunque es claro que cada legislador busca hacer de una modesta entrega de despensas o de tinacos un acto histórico de heroísmo casi extremo, inigualable, que amerita espectaculares, desplegados, y hasta la sola emisión del voto (que es su obligación, ya a favor o en contra) sirve para ello.
Nadie sabe si realmente cumplen su función fiscalizadora, menos de contrapeso de los otros poderes públicos, pero hasta la entrega de vales para cemento es para muchos legisladores un gran acontecimiento, no se diga la gestión de determinada obra o programa, para lo cual falta artesanía pirotécnica para celebrar y sinfónicas para acompañar.
No es restar méritos a quien parte de su tiempo lo ocupa en procurar mejorar a los ciudadanos de la entidad, sea cual sea el distrito o si es de representación.
Lo que resalta es la desproporción entre lo importante y lo cotidiano que lleva a los linderos de la ilegalidad y del notable derroche. Las autoridades electorales, justo por esta encomienda de vigilantes y por la cantidad de fondos de que disponen para realizar su labor, tendrán que hacer valer la ley de aquellos que las promovieron y ahora buscan atajos legaloides.
Es verdad que la democracia, además de un modelo, genera también empleos; favorece a muchas empresas y familias, pero hasta en los gastos hay límites precisamente para impedir desequilibrios, para que no haya "agandalles". Esto debe impedir la autoridad y sancionar.
