Pesa sobre Venezuela la posibilidad de una inminente intervención armada de Estados Unidos. Ayer le preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el despliegue de tres destructores que fueron enviados a Venezuela con 4,000 marines a bordo y si esto significaba que estaban contemplando usar tropas en suelo venezolano. Leavitt, muy preparada para la pregunta, respondió que Trump ha sido claro y que está preparado para usar cualquier elemento del poder de Estados Unidos para evitar que las drogas inunden su país, que el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela sino un cártel narcoterrorista y que Maduro no es un presidente legítimo sino el líder fugitivo de un cártel que ha sido condenado en Estados Unidos por ingresar drogas. Si a esto le agregamos que apenas el 7 de agosto, Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención o condena de Nicolás Maduro, el escenario de una intervención se impone.
Nadie puede estar a favor de una intervención armada de esta naturaleza. Estados Unidos no se puede arrogar el derecho de atacar y deponer a un gobierno extranjero con el beneplácito de nadie. Las razones son múltiples: es una cuestión de respeto al derecho internacional, de base de la convivencia pacífica entre naciones y de conveniencia general. Aceptarlo significaría colocarnos a todos en la misma línea de fuego. Si Estados Unidos puede intervenir hoy en Venezuela bajo el pretexto de las drogas, mañana invocará cualquier otro pretexto para atacar al país que le convenga hacerlo. Nadie como nosotros en este momento puede apreciar el peligro de no reaccionar condenando cualquier injerencia en Venezuela.
El caso, sin embargo, no deja de ser complejo. He ido muchas veces a Venezuela a cubrir diferentes momentos de su convulsa historia: atestigüé la popularidad y el fervor por Hugo Chávez que ganó la presidencia varias veces en elecciones competidas, vi de lejos el intento de golpe de Estado en su contra, estuve ahí la noche del 2007 en que Chávez aceptó la derrota en el referéndum constitucional mediante el cual pretendía imponer una nueva constitución, vi el dolor de muchos venezolanos ante su muerte en 2013 y regresé en 2016 para encontrar a un país hambreado y furioso con los sucesores de Chávez. Hoy Venezuela está destruida. La han destruido el grupo de cleptócratas (Nicolás Maduro, Jorge y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello) que se quedaron con el poder aupados por un Ejército cooptado y enriquecido. Las cifras no mienten: entre 7 y 9 millones de los 27 millones de habitantes que tenía en 2011, han emigrado; el producto interno bruto por habitante pasó de ser 8,692 dólares en 2013, a 1,566 dólares en 2020 y a 4,000 en 2024; alrededor de 50 por ciento de la población estaría en niveles de pobreza extrema y más de 80 por ciento entraría en pobreza basada en ingreso. En las últimas elecciones presidenciales, la oposición presentó a través del portal ConVzla copias digitalizadas de las actas de escrutinio de las mesas electorales que demostraban el triunfo del candidato opositor, Edmundo González, con 68 por ciento de la votación. En los datos oficiales Nicolás Maduro ganó con 51.9 por ciento, pero nunca presentaron las actas que avalaran dicho resultado.
Daría gusto ver a Venezuela mejor, y mejor gobernada, sin duda, pero la intervención estadunidense no debe ser el camino.
