La pandemia continúa desafiando muchos ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo reconstruir nuestros encuentros?, ¿las actuales vacunas nos cubrirán ante posibles nuevas cepas del virus?, ¿cómo enfrentar el desempleo y las afectaciones económicas?
El gobernador Miguel Ángel Riquelme ha comentado la posibilidad de exigir un certificado de vacunación que se exigiría para acceder a restaurantes, bares y estadios.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud pública, derecho que está relacionado con la economía de cualquier sociedad.
Sin embargo, exigir un certificado de este tipo implica posibles actos de discriminación.
Las personas que por cualquier razón no se hayan vacunado estarían expuestas a limitaciones. Es un conflicto típico entre derechos colectivos e individuales.
Los lugares en los que se exigiría el certificado de vacunación son negocios privados en su mayoría. Estos espacios ya tienen en sus normativas políticas que restringen la entrada.
Muchas de estas normativas están basadas en criterios clasistas e incluso racistas.
La propuesta de exigir un “certificado anti-COVID” para el acceso puede reforzar estas prácticas.
No existe evidencia científica de que la vacuna evite el contagio o evite que una vez contraído el virus no se pueda transmitir.
Estudios indican que las vacunas tienen como efecto principal evitar la gravedad en caso de enfermar. Lo cual, permite cuestionar cuál es el objetivo de exigir un certificado.
Después de un largo debate, el Parlamento Europeo aprobó para este verano un “pasaporte COVID” que facilite la libre circulación dentro de la UE.
La iniciativa del parlamento afirma que bajo ningún concepto se puede prohibir la circulación de una persona no vacunada.
La medida busca una reactivación económica en la región y al mismo tiempo garantiza los derechos de toda persona.
Cada región del mundo debe resolver los desafíos sanitarios, económicos, políticos relacionados con la pandemia.
Con sentido local y perspectiva global a la vez. Debemos hacer esta travesía conciliando las necesidades que surgen desde estos ámbitos.
Todo Estado de derecho debe incluir el respeto a los derechos de todas las personas en todas sus iniciativas para incentivar la economía.
Esta perspectiva nos ofrece una base de convivencia pacífica que nos ayuda a organizar nuestra vida social en medio de la pandemia.
* Coordinador del centro de derechos humanos Juan Gerardi.
Twitter: @davidpod
