Al igual que Bush y Obama, Joe Biden prometió cerrar la prisión de Guantánamo, símbolo infame de torturas y vejámenes, pero hasta la fecha sólo ha sido trasladado un reo. Este 11 de enero cumplió 20 años de apertura por el país que se jacta de ser el estandarte de la democracia, la autoridad moral y el respeto irrestricto a los derechos humanos en el mundo.
Ubicado al sureste de Cuba, el centro carcelario que llegó a albergar a 780 presos, reunía las condiciones necesarias para los abusos y las violaciones: las leyes y garantías estadounidenses no cubrían a esta enorme base naval; los familiares y abogados no podían tener acceso; y la Convención de Ginebra, que protege a los prisioneros de guerra, no era aplicable en ese territorio. Guantánamo era perfecta para no cumplir sus propias leyes en ella y hacer, con total impunidad, lo que tanto señalaban en otros países.
Después de que George W. Bush la pusiera en marcha mientras le declaraba la guerra al terrorismo luego de los ataques del 11-S, Barack Obama, el más “bueno y progre” de todos los presidentes, —del que Biden era vicepresidente—, también prometió cerrarla sin ningún éxito. De Trump nadie esperaba nada al respecto, pero sólo manifestó preocupación por el coste anual que ascendía a los 13 millones de dólares por detenido. Hoy, con Joe Biden a la cabeza, tampoco se ve un final cercano para esta vergüenza mundial.
Todavía siguen recluidos 39 internos, imputados por cargos, de los cuales cinco están acusados de ayudar en la planeación de los ataques contra el World Trade Center. Sin embargo, 20 años después no han sido juzgados. Según las revelaciones de documentos clasificados por cuenta de Wikileaks, el ahogamiento fingido, la exposición a temperaturas extremas, el uso de pequeñas jaulas a la interperie y la privación de sueño fueron algunas de las técnicas de tortura utilizadas en Guantánamo.
El Congreso de Estados Unidos prohíbe el traslado de estos presos a Estados Unidos debido a su peligrosidad y el uso de recursos públicos para hacerlo —ley que fue ratificada el pasado diciembre por Biden—, por lo que se debe contar con un tercer país. Para lograr su traslado se requiere de la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, que reúne a seis agencias de seguridad gubernamentales; seguido, el Departamento de Estado debe llegar a un acuerdo con un tercer país que brinde suficientes garantías para la protección y control del reo; y, posteriormente, el jefe del Pentágono debe dar aviso al Congreso.
Tras firmar la ley federal de presupuesto, gasto y política del Departamento de Defensa que, entre otras cosas, prohíbe el traslado de los detenidos en Guantánamo, el presidente Biden solicitó al Capitolio que revocara dichas condiciones. Sin embargo, los republicanos y algunos demócratas aseguraron que no cambiarían ni una sola coma a la actual legislación.
“Una mancha en el honor nacional de nuestra historia“, decía Obama sobre el penal en la isla caribeña, cuyo territorio fue cedido a Estados Unidos en 1903. Con el doble rasero gubernamental, no se ve solución a la vista. Diseñaron Guantánamo como un sitio abominable para hacer trizas los derechos humanos de unos cuantos, dizque en defensa de los derechos humanos de todo el mundo. Hoy, siguen sin responsabilizarse por los tratos inhumanos y crueles, y eso no es otra cosa que complacencia. Quién sabe cuántos presidentes más harán la misma promesa de campaña.
Daniela Pacheco
