Política

Represión

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  • Daniela Mendoza Luna

Fueron más de 50 uniformados y algunos vestidos de civil; más de una docena de policías de Monterrey en motocicletas y algunos elementos de Fuerza Civil, quienes “custodiaron” la marcha de las mujeres en el marco de la Jornada por la Despenalización del aborto el pasado viernes 28 de septiembre.

Las confrontaciones comenzaron desde el inicio; los elementos del orden estaban muy pendientes de que los monumentos históricos y las paredes no fueran “vandalizadas” e incluso detuvieron dos o tres conatos de grafiti que quedaron debidamente registrados en redes sociales.

Al término del evento, una joven fue detenida por la patrulla 121 de la Policía Regia, porque al realizarle una revisión encontraron un marcador en su mochila y le acusaban de las pintas en el kiosco Lucila Sabella: fue esposada y retenida mientras otras manifestantes realizaban un cerco alrededor del vehículo.

Tras unos minutos de tensión, los policías rompieron la valla humana, lanzaron a algunas mujeres al suelo con la advertencia de que también se las llevarían por alterar el orden público.

Las siguientes fueron horas de tensión para quienes organizaban la marcha, la familia de la joven detenida y quienes trataron de intervenir. Querían imputarle el delito de “daño en propiedad ajena”, y pasó la noche en la estación Alamey de la Policía Regia.

La joven pasó la noche en la estación de policía y fue liberada al día siguiente con un acuerdo de reparación del daño, sin embargo, hay muchas preguntas alrededor del caso:

¿Se requería tanta fuerza policial para un contingente de 300 personas? ¿Bajo qué supuesto se revisó a la joven luego de terminada la protesta? ¿Por qué no se ha procedido contra los elementos que tiraron en el piso a las manifestantes para romper el cerco humano? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante las evidencias en redes sociales sobre la actuación abusiva de la Policía Regia?

El asedio y la criminalización de la protesta pública no es algo nuevo para esta corporación, la Policía Regia encabeza la lista de quejas de Derechos Humanos. Así las cosas en “La Gran Ciudad”, mientras su alcalde, Adrián de la Garza, se pasea en eventos sociales en Washington. 



Twitter:@dameluna


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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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