La Agencia Espacial Mexicana (AEM), creada en 2010, fue un esfuerzo estratégico para posicionar a México en el desarrollo espacial. A pesar de sus limitados recursos, logró avances como el desarrollo del AztechSat-1, la formación de talento especializado y la participación en misiones internacionales como la Colmena.
Hoy, su continuidad está en riesgo. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con la absorción de funciones de la AEM y MEXSAT por una nueva Dirección General Satelital, representa en los hechos su desaparición. Esta decisión ha generado inquietud en la comunidad científica y tecnológica nacional.
Más allá de lo técnico, esta reestructuración plantea serias dudas legales. México es parte del Tratado del Espacio Exterior de la ONU, que obliga a establecer un marco jurídico específico para supervisar las actividades espaciales. La eliminación de la AEM sin una alternativa legal clara constituye una omisión grave a nivel nacional e internacional.
El argumento oficial es que la fusión traerá eficiencia, pero el proceso ha sido opaco y sin discusión pública. La falta de diálogo institucional mina la legitimidad de esta decisión. Las consecuencias son preocupantes: se perderían capacidades técnicas y colaboración internacional acumuladas en más de una década; se generaría incertidumbre para el sector privado ante la ausencia de una institución con presupuesto y atribuciones claras; y se verían afectadas áreas clave como la seguridad nacional, el monitoreo ambiental, la conectividad y la protección civil.
La AEM ha operado con un promedio anual de apenas 4.5 millones de dólares, mientras que un solo satélite geoestacionario puede costar más de 400 millones. Este contraste evidencia el abandono presupuestal y la falta de visión estratégica que rodea su desaparición. Por ello, desde el Poder Legislativo presentaré una iniciativa de reforma constitucional que reconozca a las actividades espaciales como una prioridad del desarrollo nacional. Esta medida busca sentar las bases jurídicas para consolidar un ecosistema espacial competitivo, legal y con visión de futuro. México no necesita menos ciencia, necesita más rumbo. En vez de extinguir a la AEM, propongo fortalecerla, dotarla de estructura y presupuesto, y colocarla en el centro de una verdadera política espacial de Estado y, por supuesto, respeto a los derechos laborales y a la dignidad de quienes en la AEM han colaborado con vocación y talento.
