Hace unos días estuve en Ciudad de México representando a Guanajuato en la presentación de Guía institucional para la consolidación del sistema penal, realizada en la sede central de la Secretaría de Gobernación, que articula la participación y coordinación entre las 32 entidades federativas y el gobierno federal, con el objetivo de reducir las asimetrías en la operación del sistema penal, que todavía sigue consolidándose.
Y no es tema menor, pues el Sistema de Justicia Penal es un elemento fundamental del estado de derecho y una urgencia para México, pues la justicia es la máxima aspiración de cualquier sociedad democrática fundamentada en la cultura de la paz, el desarrollo social y económico y la garantía de los derechos humanos.
Esta permanece como una tarea incompleta, pero estamos trabajando en ella. Nuestro estado asumió el papel de anfitrión para presentar la Guía en la región centro, conformada por 14 estados, el siguiente paso en los avances que hemos alcanzado desde 2009 (con la reforma constitucional) y que, constituyen un privilegio y una gran responsabilidad.
Guanajuato es punta de lanza en la implementación del nuevo sistema, apostando por la coordinación y colaboración interinstitucional, que se ha traducido en avances concretos, dignos incluso de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Además, perseveramos en el esfuerzo, a través del organismo consolidador del Sistema de Justicia Penal, donde participan representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía General.
En este proceso de implementación (y particularmente en los últimos 7 años) el “nuevo” sistema penal ha revelado muchas áreas de oportunidad, que compartimos con el gobierno federal y los demás estados, abriendo canales de comunicación para compartir inquietudes, experiencias y propuestas.
La Guía marca cinco estrategias: primera, la coordinación entre los 32 estados y la federación; la segunda se enfoca en la capacitación y profesionalización de los operadores; la tercera trabaja en los subsistemas, incluyendo justicia para adolescentes, víctimas, penitenciario y postpenales; la cuarta se refiere a la justicia digital y la quinta a un esquema de evaluación para medir y mejorar.
Cristina Márquez
