En la Constitución se define al municipio libre (así se le adjetiva) como un nivel de gobierno, base la organización política y administrativa y de la división territorial de los estados, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección directa, se les reconoce personalidad jurídica y patrimonio propios, se dispone que administrarán libremente su hacienda, y se señalan cuáles son los servicios públicos a su cargo.
Los ayuntamientos deben prestar servicios públicos en materia de agua potable, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines, y seguridad pública, función que también está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios.
Las demás acciones que se proponen realizar los ayuntamientos cada tres años deben insertarse en un Plan de Desarrollo Municipal, toda vez que la planeación en la administración pública es el resultante de factores de tipo legal, técnico, político, social y económico, es importante tener muy en cuenta el factor de tipo social que permite conocer los problemas más urgentes de resolver, aun cuando, por desgracia, lo que determina el sí o no de la ejecución de esas acciones o prestación de los servicios tiene que ver con la disponibilidad de recursos económicos.
Julián Carrasco, del Instituto de Administración Local de España, afirma, prescindiendo de lo que impone el ordenamiento jurídico y de los aspectos que provienen del entorno social, hay que afirmar que la consecución de los propósitos entraña una actuación de la Corporación municipal, que siempre es la resultante, como mínimo, de estos cinco factores: La aportación y el esfuerzo de sus miembros políticos; el trabajo del factor humano; la utilización de los medios materiales; el aprovechamiento de los recursos económicos; y la colaboración del pueblo.
La aportación y el esfuerzo de sus integrantes tiene que ser tanto de índole individual como de carácter corporativo, esto significa que la acción municipal radica en la contribución efectiva que realicen cada uno en singular y todos en conjunto, lo que expresado en términos matemáticos, dice Carrasco, podría ser: “el Alcalde ha de procurar con respecto a la política que pretende sumar el esfuerzo de los indiferentes a la misma, restar el impulso de los contrarios a ella, multiplicar las energías de los propicios a aquélla y dividir las fuerzas de los adversarios a la misma”.
Los funcionarios y empleados municipales deben estar debidamente organizados y mentalizados, ya que al Ayuntamiento le dedican no solo su capacidad laboral, sino también sus sentimientos e inquietudes.
Los medios materiales deben utilizarse con criterios racionales de máxima productividad con “espíritu gerencial”, evitando designar personas incompetentes para dirigir tales actividades, sobre todo si son designados de acuerdo con criterios qué nada tiene que ver con la objetividad y con la efectividad.
Se debe evitar la deficiente organización, que se suele caracterizar por el derroche de medios, al no aprovecharse debidamente. Se debe cuidar que exista sentido de responsabilidad, ya que no se suele exigir e imponer por quien le correspondería, aun cuando esto no es obstáculo para que existan múltiples controles formales.
El aprovechamiento de los recursos económicos disponibles supone la existencia de una verdadera preocupación por conseguir correctamente los mayores recursos posibles, dentro de las circunstancias; el empleo racional de los mismos, de acuerdo con las necesidades existentes en cada momento, con el fin de alcanzar los resultados más satisfactorios posibles; y la vigilancia permanente sobre la forma en que se utilizan e invierten los recursos, con objeto de que sea conforme con lo previsto y ordenado. El Alcalde, en principio, no puede multiplicar los recursos disponibles, pero sí puede multiplicar la utilización de esos recursos.
La colaboración del pueblo en la actuación municipal -afirma Carrasco- es pieza clave cualquiera que sea el programa político que se pretende llevar a cabo.
Como ciudadano, el vecino desea participar, para lo cual hay que establecer vías y cauces para que los vecinos participen, sin mediatizaciones ni manipulaciones ideológicas. Quizá uno de los problemas más difíciles de solucionar sea, precisamente, articular procedimientos efectivos y eficaces para propiciar y hacer posible la participación ciudadana.
Como administrado, el vecino quiere que se le sirva bien, y por tanto pide, reclama y reivindica con mayor fuerza equipamientos urbanos adecuados, servicios eficaces y atención apropiada. En el grado en que se atiendan satisfactoriamente estas demandas se podrá conseguir la colaboración pretendida. La colaboración de los ciudadanos está mucho más condicionada por la eficiencia municipal que por la participación popular en las actividades municipales.
Como contribuyente, el vecino exige conocer cómo se administran y cómo se gastan los recursos económicos; es decir, quiere “cuentas claras” y transparencia en la gestión económica.
Mejorar la vida en los municipios es obligación de todos, no sólo de quienes integran los ayuntamientos.
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