Pocas cosas, supongo, imaginaron más sencillas. Poner bajo el mando de Alejandro Encinas, un hombre de izquierda desde hace tiempo, dos temas del pasado para investigarlos a fondo. Cierto es que las conversaciones y algunas promesas durante la transición eran más importantes: un esfuerzo nacional, de Estado, de justicia transicional pero en poco tiempo el gobierno decidió concentrarse en dos áreas: el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y la investigación sobre la localización de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala y qué es lo que realmente sucedió esa noche. Con todo y la frustración de activistas y organizaciones, pues algo era algo. Después de todo, este gobierno es el de la transformación, que siempre ha rechazado y condenado eso que otros habían hecho, desde aquel priismo hasta el más reciente.
Pero no fue. En el fondo, por la misma razón.
El GIEI fue suficientemente claro, como lo había sido la primera fiscalía especial del sexenio, respecto a cómo en un momento determinado de las investigaciones sobre la actuación del Ejército y el aparato de inteligencia civil (ayer Cisen hoy CNI) les dijeron hasta aquí. No más.
Ahora la historia se repite con el mecanismo para aclarar el pasado.
Esta semana sus miembros denunciaron la cerrazón.
Denuncian “el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia”.
Y piden: “La garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen, 1985-1989) y los del Cisen (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH”.
“El cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019 para permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”.
“El cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la LGA sobre la transferencia de toda la documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, la generada hasta 1993”.
Misma ruta que Ayotzinapa.
Porque hay lugares donde la transformación… ¿qué es eso?
