Debo confesar que ayer la Fiscalía de Ciudad de México me dejó un poco confundido. Temprano celebró el aumento del número de personas que cada día ingresan a una cárcel por prisión preventiva. Es decir, celebraron el punitivismo que, se sabe, nada soluciona.
Y en la tarde la fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer sus conclusiones y próximas acciones en relación con el desplome de la Línea 12 de hace cinco meses: anunció que “la Fiscalía General de Justicia solicitará en unas horas audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas. A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables, personas físicas y morales para dar inicio a su proceso penal”.
Inmediatamente, apuntó que la fiscalía “ha impulsado que el caso penal en contra de personas morales sea canalizado por la vía de un acuerdo reparatorio, bajo la premisa de que la justicia alternativa puede ofrecer mejores opciones para acelerar la reparación integral de las víctimas”.
Prefiero, por mucho, a la señora fiscal de la tarde que a la fiscalía de la mañana. Llegarán los gritos y sombrerazos por que no meta a la prisión a todo mundo, pero esos gritos deberían de llegar —y no llegan— por los que “presumieron” en la mañana —así el país que ama meter gente en prisión—.
Y armar un caso penal contra una persona moral, con nuestras leyes, es un lío casi imposible de ganar.
El acuerdo reparatorio, que pone en el centro a las víctimas, es un instrumento fundamental en nuestro sistema penal acusatorio.
Dicho lo cual, habremos de estar pendientes. Qué significa un acuerdo reparatorio que, como dijo ella, permita a las víctimas directas e indirectas reparar las afectaciones sufridas y “recuperar su proyecto de vida”. Nada más difícil que poner un número a eso, pero una cifra tendrá que haber y todos estaremos pendientes de ella para ver si no es un acuerdo ya hecho en Palacio Nacional a precio de pandemia.
Y también habrá que ver que la oportunidad legal para las empresas y sus funcionarios no se contraponga con furia contra los obreros de la construcción.
Carlos Puig
@puigcarlos
