Algo debe haber visto el presidente Andrés Manuel López Obrador que no le gustó en su más reciente visita de supervisión a alguno de sus proyectos prioritarios que decidió firmar el acuerdo que ha ocupado buena parte de la discusión pública en estos días.
Las primeras reacciones se centraron en el asunto de transparencia por el uso en la redacción del acuerdo del término seguridad nacional para poder apurar los trámites, lo cual podría hacer más opacos los proyectos. Y es cierto.
Pero creo que tiene razón Héctor Aguilar Camín en su artículo de ayer. El acuerdo sobre todo expresa la frustración del Presidente con lo que él mismo ha llamado, no sin razón, el “elefante reumático” que es nuestra y casi todas las burocracias.
El mismo Presidente arrancó así su explicación en la mañanera del martes: “Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos (…) Entonces, eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras”.
El Presidente está forzando la máquina de sus proyectos para poder cumplir con fechas que puso desde el inicio de las construcciones, cosa que en cualquier proyecto grande de infraestructura es casi imposible de lograr. Lo ha dicho una y otra vez: el aeropuerto en marzo del año que viene, la refinería en julio y los primeros tramos del Tren Maya en marzo de 2023.
Y les está quitando trabas porque, por ejemplo, en el tren están por arrancar dos tramos muy complicados que construirá Sedena, el de la selva y el Cancún-Tulum. Situaciones similares se encontrará en el proyecto del Istmo.
La prisa no es la mejor consejera.
Porque más allá de que el acuerdo sobreviva, las posibles irresponsabilidades o ilegalidades que se pudieran cometer durante las construcciones sobrevivirán. Y esas no se borran con una publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Le ley no conoce mucho de prisas por compromisos públicos.
@puigcarlos
