La macabra decisión de cercenar a los rivales o los traidores en el crimen organizado tiene varios propósitos.
Primero y, antes que nada, infundir el miedo entre los que se dedican a esas actividades, para que sepan las consecuencias que deberán enfrentar en caso de que se “tuerzan”.
Segundo, hacer más compleja la identificación de las víctimas, ya que, aunque los restos humanos eventualmente son colocados en bolsas negras, no siempre pertenecen a los mismos cuerpos o incluso a la misma fosa.
Tercero, generar un enorme cuello de botella para los anfiteatros de todo el país, debido a que, en mayor o menor grado, todos los servicios médicos forenses de México padecen carencias en instrumental, equipos, reactivos y personal, que provocan un gigantesco rezago en atención a cadáveres.
Y de carambola a todo esto, los criminales infringen doble dolor a los familiares de los desaparecidos. Además del asesinato, al desmembrarlos, someten a un triste peregrinar a miles de personas que van y vienen al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a esperar que terminen las confrontas genéticas para completar los cuerpos.
Hasta ahora, se conoce que hay al menos cuatro mil restos humanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de poder ser completados los respectivos individuos y proceder a la entrega a las familias, trance que puede durar meses y hasta años.
De acuerdo con fuentes consultadas, debe estar integrado más del 80 por ciento del occiso para que pueda ser viable el procedimiento y que los familiares le den cristiana sepultura.
Sin embargo, en el rezago que enfrentan los médicos forenses y genetistas para atender cientos de restos de personas, algunos han entrado en fase de descomposición lo que dificulta severamente su manejo.
Según las mismas fuentes, existen segmentos humanos que nunca sabrán a quienes pertenecen, lo que hace más profunda la crisis del IJCF, aunque las autoridades se empeñan en no reconocerla.
A quien esto escribe, le han hecho llegar fotografías de numerosas irregularidades en el trato de los cuerpos y de los restos. Fragmentos en el suelo, en planchas, restos de sangre en tarjas, fauna nociva (como ratas y otros bichos) en los patios, amén de equipos de cómputo deficientes, carencia de aire acondicionado, vehículos en malas condiciones y un grupo de trabajadores a punto de estallar contra los directivos por acoso y denuncias de favoritismos.
En medio de todo esto, habrá que sumar el estrés al que está sometido el personal del IJCF. Cada mes aparecen más fosas clandestinas en el estado, hay un trabajo intenso de colectivos que realizan búsquedas de campo de sus familiares, cada martes se intensifica la protesta fuera de las instalaciones del instituto, con organizaciones que exigen la aparición de sus seres queridos y la conclusión de confrontas de identificación de los restos.
Por si fuera poco, los escasos genetistas del Semefo, están enfrascados por estos días, en una tarea de tiempo récord, para identificar y armar los cuerpos de los ocho jóvenes de un call center de Zapopan que fueron asesinados y cercenados.
Hasta ahora, han entregado ya tres: Mayra Karina Velázquez, Benjamín García y Arturo Robles y este martes podrían entregar a sus familiares a Itzel Abigail y Carlos David Valladolid.
Y en esta historia macabra de cuerpos segmentados, en la Fiscalía se conoce la historia un grupo criminal que actuó con el mismo modus operandi en al menos dos enormes fosas clandestinas.
De forma inusual, hizo el mismo tipo de embalaje de los restos y hasta colocó en la bolsa negra, credenciales de elector, cadenas y prendas personales, para facilitar la identificación…
Pero los más de cuatro mil segmentos acumulados en el IJCF, encarnan en sí mismo, una violación continuada de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
