Tras anunciar que el Instituto de Pensiones pondrá a la venta terrenos en Puerto Vallarta para sortear la crisis financiera que enfrenta, el gobernador Enrique Alfaro fue enfático en advertir que el organismo debe vender todos los “bienes ociosos” que posee.
Los primeros predios dados a conocer que serán rematados, generaron inmediatamente polémica. Se trata del terreno El Manglar, adquirido el 18 de diciembre de 1999 en 41 millones 147 mil pesos y cuyo valor catastral, 23 años después, es de 167 millones 146 mil pesos y El Manglar II, sobre la avenida Francisco Medina Ascencio en la zona hotelera, comprado el 9 de noviembre de 2010 en 290 millones de pesos y que 11 años después tiene un valor catastral de 136 millones 960 mil pesos.
Pero el escándalo sería mayor si pusieran a la venta el predio Amapas, ahí mismo en Puerto Vallarta, que son seis porciones ubicadas en el Fraccionamiento Amapas adquiridas el 11 de octubre de 2012 en 352 millones 182 mil pesos y cuyo valor catastral 9 años después es de 63 millones 774 mil pesos.
Y es que el Instituto de Pensiones ha tenido una extraña historia en el tema de adquisiciones de terrenos, a los que en su mayoría les adjudica el uso o fin de “reserva territorial”, pero que en algunos casos la reserva tiene más de cinco décadas, como sucede con el predio de Gobernador Curiel 2282 adquirido el tres de mayo de 1963, hace 58 años; o el terreno de Hacienda del Centro, comprado el 10 de mayo de 1967, hace 54 años.
O hay casos de inmuebles adquiridos en un precio una década atrás y que ahora literalmente fueron atropellados por su valor catastral. Por ejemplo el predio rústico Los Charcos en La Venta del Astillero, adquirido el 22 de mayo de 2012 en 472 millones 693 mil pesos, tiene ahora un precio de catastro de 200 millones 907 mil pesos.
O el polémico terreno que albergó Servicios y Transportes que fue recibido en junio de 2020 por el organismo en dación de pago (deudas de cuotas no pagadas por la empresa camionera del gobierno) por un monto de 160 millones de pesos y que hoy Ipejal reconoce su valor catastral en 127 millones 270 mil pesos.
Hay otros ejemplos de este tipo. Un terreno en Acatlán de Juárez comprado en 2008 en 21 millones 790 mil pesos que hoy tiene precio de 4 millones 968 mil pesos; el predio rústico Meza de Piedra en El Arenal, que fue adquirido el 30 de abril de 2012 en 189 millones de pesos y que ahora su valor catastral es de 3 millones 796 mil pesos.
Uno más en El Arenal, predio Nuestra Tierra, comprado el 28 de enero de 2013 en 98 millones 259 mil pesos y que hoy tiene un valor de 7 millones 736 mil pesos.
Pero el mejor ejemplo de “bien ocioso” como lo llama el gobernador, son siete parcelas ubicadas en San Isidro, Querétaro, compradas como “reservas territoriales” el 14 de febrero (día del amor) de 2013, al cierre del gobierno de Emilio González Márquez, en 37 millones 660 mil pesos y que hoy su valor catastral es de 88 millones 985 mil pesos.
O si de plano decidiera realizar una “venta de cochera” y desprenderse de edificios multifamiliares, casas, departamentos, lotes, locales, estacionamientos y “reservas territoriales”, el Instituto de Pensiones de Jalisco reporta actualmente bienes por seis mil 462 millones 562 mil 797 pesos.
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