Hace exactamente dos años, sólo con la fuerza de su palabra y sin mediar recurso legal alguno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Temacapulín la cancelación del trasvase de agua del Río Verde a la ciudad de León, Guanajuato, para evitar la inundación de tres pueblos de Los Altos de Jalisco.
Aquel 14 de agosto de 2021, el primer mandatario reveló que la cortina de la Presa El Zapotillo no sería concluida en su altura original y que se controlarían los volúmenes para evitar que el embalse se llenara y desaparecieran Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
La medida provocó entonces un reclamo airado por parte del gobierno de Guanajuato, al considerar una decisión unilateral que privaba a la ciudad de León de volúmenes de agua del Río Verde, contemplados en un decreto presidencial desde 1995.
Un mes después del anuncio de López Obrador, la Comisión Nacional del Agua presentaría el proyecto modificado que implicaba abrir un “boquete” a la cortina de la presa para impedir su llenado y se olvidarían de paso del malogrado y polémico acueducto que pretendía construirse para llevar 120 millones de metros cúbicos anuales a León.
Sin embargo, la incertidumbre que vivieron por muchos años los habitantes de las tres comunidades en riesgo de desaparecer bajo las aguas de la presa, sigue latente por una sencilla razón: el decreto que autorizaba el reparto de las aguas del Verde para Jalisco y Guanajuato, está vigente; al actual presidente se le olvidó derogarlo.
El 3 de abril de 1995 el entonces presidente de la república, Ernesto Zedillo Ponce de León, promulgó el decreto 07/04/1995 para reservar las aguas superficiales del Río Verde para “usos domésticos y público urbano” y repartía un volumen de 119 millones 837 mil metros cúbicos de agua para el estado de Guanajuato (para la ciudad de León) y 384 millones 739 mil metros cúbicos para Jalisco.
En 1997, mediante decreto 17/11/1997, el mismo presidente reduce para Jalisco 12 millones de metros cúbicos para destinarlos a actividades pecuarias y deja 372 millones de metros cúbicos, pero conserva los casi 120 millones anuales para Guanajuato.
Ahora, no obstante que López Obrador ha visitado frecuentemente la región de Los Altos para supervisar los avances de la construcción de la presa El Zapotillo que dotará de tres metros cúbicos de agua por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara, no ha dado respuesta a organizaciones alteñas que le recordaron que el decreto es una amenaza latente mientras siga con vida.
Especialistas consultados refirieron que los taludes laterales de la presa El Zapotillo fueron realizados para soportar una cortina de 105 metros de altura, por lo que, en caso de un cambio de rumbo en las elecciones de 2024, un nuevo gobierno puede reactivar el proyecto original porque el actual reparto de agua del Rio Verde así lo permite.
Productores de la región plantean que no solamente se derogue el decreto, sino que se expida otro que determine el uso ahora del agua del Río Verde, que especifique que las poblaciones no pueden inundarse y, ya que no habrá agua para León, se reconsideren volúmenes para uso agrícola y pecuario para Los Altos de Jalisco.
Debido al decreto, a los ganaderos les impiden hacer bordos para abrevaderos y además hay una veda de Conagua para perforar pozos, pese a que esta zona aporta una cuarta parte de los alimentos para el país (leche, huevos, carne).
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le restan 14 meses y 16 días de su administración, por lo que los productores piden urgentemente que realice las modificaciones legales (ya no solo su palabra), para que puedan tener certeza sobre el futuro inmediato de la región.
De ser posible, esperan que esto suceda antes de que comiencen las campañas y evitar así que las aguas del Río Verde, una vez más, sean motivo de manoseos políticos.
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